El Juez Sexto de Distrito Penal de Juicio de la capital, Ernesto Rodríguez Mejía, declaró este lunes culpables a los jóvenes afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, del asesinato del periodista Ángel Gahona el 21 de abril pasado, cuando este transmitía en directo unas maniobras de la Policía Nacional para enfrentarse a una manifestación.
Lovo fue acusado de disparar un arma artesanal desde una distancia de entre 64 y 94 metros, y Slate fue procesado como colaborador necesario. Ambos recibieron cargos por asesinato, asesinato frustrado, tenencia ilegal de armas, exposición y abandono de personas.
La fiscal auxiliar Inés Miranda solicitó para cada inculpado 25 años de cárcel por asesinato, 20 por asesinato frustrado, y tres por los otros delitos.
El juicio, que tardó varios meses, fue cuestionado por testigos, vecinos y familiares de la víctima, quienes han sostenido que el periodista fue asesinado por un policía, y respaldaron sus argumentos con diversos vídeos.
Organizaciones humanitarias también cuestionaron que el juicio se haya realizado a puertas cerradas, únicamente en presencia de medios de comunicación del Gobierno, y sin permitir la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó lo que denominó el «aparato represor del Sistema Judicial del régimen Ortega-Murillo», y argumentó que, tanto el Ministerio Público como el juez Rodríguez hicieron caso omiso a 35 vídeos que demostraron la inocencia de los jóvenes afrodescendientes.
La CIDH ya ha advertido de que Nicaragua vive la «tercera fase» de represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que es la «criminalización de manifestantes», luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
El Gobierno de Nicaragua ha reconocido 198 muertes durante la crisis. Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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