Esa cita por la mañana será el primer paso antes de los anuncios que haga esa misma noche (19.00 GMT), en la que será su primera intervención pública tras más de una semana de mutismo durante la que ha dejado que fuera su primer ministro, Édouard Philippe, el que pusiera la cara en la gestión de unas protestas de una violencia inaudita.
Philippe y varios de sus ministros se esforzaron en convencer de que Macron es consciente del enfado y ha abierto «una fase de escucha».
El portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, hizo en su nombre un acto de contrición al contar que el jefe del Estado «ha reconocido que algunas de sus palabras han podido herir», en una alusión a frases que han fraguado su imagen de soberbia y han alimentado el odio en su contra visible en los actos de «chalecos amarillos».
La cuestión ahora es qué tipo de medidas pueden llegar a calmar ese enfado porque las cifras de participación en las manifestaciones del sábado (136.000, según el Ministerio del Interior) son casi calcadas de las de una semana antes.
El dispositivo de seguridad «excepcional» (89.000 agentes) que el Gobierno desplegó la víspera en el cuarto sábado consecutivo de movilizaciones de los «chalecos amarillos» limitó el grado de violencia física (hubo muchos menos heridos).
Pero pese a las cerca de 2.000 detenciones practicadas por las fuerzas del orden, muchas de ellas con carácter preventivo en controles en los accesos a las concentraciones varias horas antes de que empezaran, no impidieron ni lo disturbios ni los destrozos.
El adjunto de la alcaldesa de París, Emmanuel Grégoire, hizo notar que ayer hubo «muchos más daños materiales» en la ciudad que el 1 de diciembre, con «cientos» de comercios que sufrieron daños y «decenas» que fueron saqueados y desvalijados.
Eso mismo se vivió en otras ciudades, como Toulouse, Saint-Etienne o Burdeos, donde su alcalde, el ex primer ministro, Alain Juppé, hizo hincapié en que «las consecuencias de todo esto son desastrosas» para el comercio, para el atractivo turístico, pero también por «el daño para la imagen internacional de Francia».
El conservador Juppé, padrino político de Philippe, insistió en que «esto debe cesar», en que el presidente de la República debe hablar «rápido y fuerte», y en que «merecen respuesta» algunas de las reivindicaciones de los «chalecos amarillos», en particular del poder adquisitivo.
En una línea no muy distante, el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, antiguo barón socialista, subrayó que «ahora la cuestión principal es el poder adquisitivo» y dijo estar convencido de que las palabras de Macron demostrarán que «ha entendido este movimiento» y va a fijar la dirección para que el país se encamine a «un nuevo contrato social indispensable».
De las diversas pistas barajadas, la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, cerró hoy de entrada la de una revalorización significativa del salario mínimo en enero que vaya más lejos del 1,8 % que marca la fórmula que se utiliza actualmente porque «se sabe que eso destruye empleos y no es un buen método».
Después de haber cedido esta semana a la reivindicación primera de los «chalecos amarillos» de renunciar a la subida de los impuestos sobre los carburantes en 2019 -con los que se esperaba recaudar 4.000 millones de euros-, las principales escenarios que le quedan a Macron son rebajas de impuestos.
Sea como fuere, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ya anticipó este domingo que «la crisis actual tendrá un impacto significativo sobre el nivel de crecimiento a finales de año».
La Federación del Comercio y la Distribución (FCD) ya ha anticipado que el sector va a perder más de 1.000 millones de euros en facturación y el presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CPME), François Asselin, advirtió de que habrá «muchas quiebras», en una entrevista a «Le Journal du Dimanche».
Asselin dio por hecho que las pérdidas llegarán a 10.000 millones de euros y tendrán su corolario de despidos.
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