A partir de mañana jueves, 2 de mayo, entrará en vigor una de los cambios más simbólicos de la política de EE.UU. respecto a Cuba en las últimas décadas: la luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en la isla tras la Revolución de 1959.
Desde este jueves, los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución comunista podrán demandar en tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas, en virtud de la activación del Título III de la ley Helms-Burton de 1996.
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido en diversas ocasiones de que iba a dar este paso sin precedentes por parte de Washington, aunque había mantenido la intriga con diversas prórrogas a la suspensión del Título III.
Finalmente, el pasado 17 de abril anunció la inminente activación de los Títulos III y IV (este último impide la entrada a EE.UU. de los demandados por el anterior), suspendidos desde su promulgación por el rechazo de la Unión Europea (UE) y otros países cuyas compañías pudieran verse afectadas.
La decisión podría afectar a importantes empresas, como las hoteleras españolas Meliá e Iberostar, y a otras europeas, canadienses, japonesas, rusas o chinas, que operan -generalmente en régimen de empresa mixta con corporaciones estatales cubanas- desde propiedades o terrenos que fueron nacionalizados en los primeros años de mandato de Fidel Castro.
Otras compañías susceptibles de sufrir demandas son aerolíneas, como Lufthansa o Air France, y grandes corporaciones como la suiza Nestlé, la china Huawei o la japonesa Mitsubishi.
Todos los presidentes estadounidenses desde Bill Clinton (1993-2001) habían mantenido desactivado el Título III hasta la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2017, quien apostó por ponerlo en vigor como parte de sus esfuerzos para lograr un cambio político no solo en Cuba sino también en Venezuela.
El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, realizó el anuncio a mediados de abril durante un almuerzo cargado de simbolismo con el exilio cubano en Miami. «A los estadounidenses a los que les han robado su propiedad privada y ganada en Cuba, finalmente se les permitirá demandar», dijo Bolton.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han «certificado» 5.913 casos de ciudadanos y empresas de este país que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Cuando se aprobó la ley en 1996, había «hasta 200.000» reclamos de individuos y empresas que querían recuperar sus propiedades expropiadas en Cuba, una cifra que podría haber aumentado en las últimas dos décadas, explicó la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Kimberly Breier, tras conocerse la decisión.
El valor que reclaman esos estadounidenses «podría rondar los decenas de miles de millones de dólares, aunque eso dependerá de si deciden presentar casos legales o no», agregó Breier.
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