En un comunicado, la Diócesis explica que realizadas todas las investigaciones necesarias, recogidos todos los datos y la información que resultó de los hechos analizados y de las circunstancias en las que se produjeron, así como las alegaciones de la defensa del acusado, se redactó un informe en el que se le imponía una reclusión en un monasterio durante cinco años con asistencia espiritual y psicológica.
Recibida la conformidad de la Congregación la pena canónica se comunicó al sacerdote para que comenzase a cumplir esta medida en el plazo que se establecía en la misma comunicación, a lo que el sacerdote «se negó repetidamente». La Congregación para la Doctrina de la Fe, ante la negativa a cumplir la pena impuesta, le fue dando plazos repetidamente y «el sacerdote los rechazó uno tras otro». «No comenzó nunca el cumplimiento de la pena», ha manifestado la Diócesis.
En vista del modo de proceder del sacerdote, la Congregación para laDoctrina de la Fe, después «de un atento examen de la actitud dedesobediencia a los sucesivos requerimientos del obispo de ladiócesis para que cumpliera la pena, y en modo particular, de la faltade fundamentación de su negativa; considerando la in-idoneidad delmencionado sacerdote para ejercer el ministerio recibido, el gravedaño producido a la Iglesia y a la dignidad del sacerdocio; el Prefectode la Congregación presentó el caso al Santo Padre».
En vista de los hechos, el Papa ha decretado esta dimisión, que es «inapelable», al tratarse de un decreto que emana de la suprema autoridad. Se le concede, al mismo tiempo, la dispensa de las obligaciones sagradas que tenía contraídas de su identidad sacerdotal.
Asimismo, la Audiencia Provincial juzgará a este sacerdote del 30 de septiembre al 4 de octubre. Se enfrenta a una condena de 40 años de cárcel por abusar presuntamente de nueve menores que cursaban estudios en el Seminario de Ciudad Real.
Por último, la comunidad diocesana de Ciudad Real, su obispo ypastor, han manifestado su deseo de estar «unidos a todas las víctimas y al sufrimiento de los más débiles, sobre todo en lo que se refiere a la protección de menores y de adultos vulnerables». «Rezamos al Dios de lamisericordia para que nos ayude y nos fortalezca», han manifestado desde la Diócesis.
LOS HECHOS
En enero de 2016, el rector del Seminario Diocesano tuvo conocimiento de una serie de hechos protagonizados por este sacerdote, que una vez examinados, se comunicaron al obispo, Antonio Algora, que abrió una investigación canónica. Posteriormente, se puso en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, por una parte, y de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de Roma, por otra.
La Congregación para la Doctrina de la Fe informó del protocolo a seguir en estos casos, en el que se indica que, además de imponerle al sacerdote las medidas cautelares, «cosa que ya se había hecho desde el primer momento», se debía iniciar un proceso eclesiástico administrativo penal. Este proceso comenzó con el decreto de nombramiento de un sacerdote, delegado del Obispo, y de un equipo de asesores del Obispo. Los hechos que se le imputaban se pusieron en conocimiento del sacerdote, así como las pruebas aportadas en la investigación previa.
«Dicho proceso administrativo se realiza separada e independientemente de la jurisdicción de Justicia del Estado y no tiene que coincidir en las apreciaciones, ni en las valoraciones de los hechos, ni en el tiempo de realización, ni en la pena que se le pueda imponer al sacerdote. Son dos caminos distintos a través de los cuales la Iglesia y la Justicia del Estado cumplen con su respectiva obligación, pero separadamente», señalan desde la Diócesis.
2 comentarios
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la excomunion es la pena que tendria que cumplir
Es de justicia la decisión del Papa.