«La denunciante ha presentado un relato creíble y fiable, sus explicaciones son claras, largas y detalladas. Pero considero que la evidencia ha perdido fuerza en grado tal que ya no hay motivo para seguir la investigación», dijo en rueda de prensa la fiscal superior Eva-Marie Persson.
Continuar la investigación e interrogar a Assange no supondría un cambio «decisivo» en la situación probatoria, que no es suficiente para elevar una acusación, resaltó la fiscal.
Persson había ordenado en mayo reabrir el caso, iniciado en 2010 y cerrado en 2017, después de que Assange, que espera ahora que el Reino Unido decida sobre su extradición a Estados Unidos, fuera arrestado por la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres tras retirarle Quito el asilo diplomático concedido en 2012.
La Justicia sueca rechazó en junio la petición de emitir una orden de arresto europea al considerar que no sería proporcionado, ya que es suficiente con una de investigación en materia penal.
La Fiscalía continuó sin embargo con sus pesquisas e interrogó a siete testigos, según informó Persson en su anterior comparecencia sobre un delito que prescribía en agosto de 2020.
Assange fue condenado en mayo por un tribunal británico a cincuenta semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012 y afronta en febrero un juicio de extradición a Estados Unidos, en el que se arriesga a una pena de hasta 175 años por cargos como espionaje y publicación de documentos clasificados.
La Fiscalía sueca emitió en noviembre de 2010 una orden de arresto europea contra Assange, detenido un mes después en Londres, y a partir de ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo reafirmó la extradición a Suecia y el periodista se refugió en la embajada ecuatoriana.
El proceso en Suecia contra Assange, que se declara inocente y no ha sido formalmente acusado de nada, ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor.
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