Baltasar Garzón, uno de los abogados de Evo Morales para litigar contra la orden de captura

«Constituimos un equipo internacional, con el doctor Baltasar en Europa. Vamos a actuar jurídicamente contra esta orden de aprehensión», ha dicho en una rueda de prensa celebrada en Argentina, donde está refugiado, según informa el diario boliviano 'Página Siete'.

Morales ha insistido en que la orden de captura «no es constitucional ni legal» porque, según sostiene, «Evo sigue siendo presidente» y, para procesar a un jefe de Estado en ejercicio se debe acudir a un juicio de responsabilidades, una figura especial para altos cargos, si bien la denuncia contra él se ha tramitado por la vía ordinaria.

El líder indígena defiende que, puesto que la Asamblea Legislativa no llegó a debatir ni a aceptar su dimisión, ésta no se ha materializado. También esgrime que su sucesora interina, Jeanine Áñez, no respetó la línea de sucesión presidencial fijada en la Constitución, «por lo que cualquier acto del Gobierno 'de facto' (...) es ilegal».

La Fiscalía emitió el miércoles una orden de detención contra Morales por sedición y terrorismo, delitos de los que se le acusa por haber ordenado cercar importantes ciudades en el marco de las protestas postelectorales.

La orden de detención también se dirige contra Faustino Yucra, el líder 'cocalero' que habla con Morales en la conversación telefónica que dio lugar a la investigación penal contra el antiguo mandatario.

En la grabación, que hizo pública el Gobierno de Áñez, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar «dura batalla a los fascistas y racistas». «Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos», dice.

En concreto, le ordena que hagan «cercos de verdad» de modo que «no entre comida a las ciudades». Además, le explica que, para que la gente no se «canse», los organice en grupos que se vayan rotando «cada 24 horas». «Hay bloqueo hasta ganar, hermano», le indica.

El Gobierno ya había anunciado que denunciaría a Morales ante los tribunales bolivianos por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que ha actuado de oficio por «la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo» que alcanza a los «coautores, cómplices y encubridores».

Tanto Morales como Yucra se encuentran en Argentina. El líder indígena dimitió el 10 de noviembre tras confirmarse las «irregularidades» en las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Primero llegó a México, donde pasó casi un mes como asilado, pero la semana pasada recaló en Argentina como refugiado tras una breve escala en Cuba por razones médicas.

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por el portal de noticias argentino Infobae han indicado que el Gobierno de Alberto Fernández «no entregará por ningún motivo» a Morales. «Vamos a proteger a Evo porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado y porque todo el pedido de detención es una farsa», ha dicho un funcionario.

El Gobierno de Áñez ha reconocido que será «complicado» que Argentina entregue a Morales, pero ha avanzado que preguntará al Alto Comisionado de Naciones Unidas para os Refugiados (ACNUR) sobre la situación del ex presidente boliviano y, en caso de ser necesario, recurrirá a Interpol.