La orden del juez Drew Tipton, en Corpus Christi, que se debe aplicar en todo el país, puede ser recurrida ante el tribunal de apelaciones de Nueva Orleáns, de tendencia conservadora, por lo que el grupo proinmigrante Unión de Libertades Civiles (ACLU) indicó que estudia sus opciones.
La suspensión de las deportaciones fue uno de los decretos firmados por Biden cuando asumió la Presidencia, el 20 de enero, y de inmediato se topó con una demanda del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton.
El 26 de enero Tipton ya había emitido una orden temporal que bloqueaba la suspensión de las deportaciones, haciendo referencia a un acuerdo de última hora firmado por el Gobierno de Trump y varios estados y que requería un avisó con 180 días de antelación para cualquier modificación de las prácticas migratorias.
Los abogados del Gobierno de Biden han alegado que ese pacto fue ilegal y no es obligatorio porque ningún estado tiene poder de veto sobre la autoridad de Washington en materia de migración, de competencia exclusiva del Gobierno federal.
Grupos que abogan por los migrantes han señalado, asimismo, que el Gobierno de Biden, que ha continuado las expulsiones, tiene atribuciones para no ejecutar las deportaciones ya ordenadas, con decisiones caso por caso.
En su decisión, Tipton afirmó que el decreto de Biden es arbitrario y excedió las atribuciones presidenciales al suspender o alterar una ley federal que requiere la deportación dentro de los 90 días desde que la orden de expulsión se haya firmado.
El hecho mismo de que la pausa en las deportaciones se decretase a pocas horas de la investidura de Biden, asegura el juez en su dictamen, de 105 páginas, muestra que «eso no dejó mucho tiempo para la reflexión y el análisis».
La semana pasada el Departamento de Seguridad Nacional divulgó las nuevas prioridades para las deportaciones mientras el gobierno de Biden reevalúa toda la política migratoria de Trump.
Entre ellas figura la deportación de individuos que representen un peligro para la seguridad nacional, que hayan cometido crímenes y sean una amenaza para la seguridad pública, o que estén asociados con pandillas criminales, así como aquellos inmigrantes que acaben de cruzar ilegalmente la frontera.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) denunció la decisión del juez Tipton, y Kate Huddleston, abogada de esta organización en Texas, dijo que Paxton busca que el gobierno de Biden «continúe las políticas xenófobas del ex presidente Trump». «El permitir que continúen estas deportaciones significa que habrá familias separadas y que la gente que tiene una oportunidad de buscar alivio en Estados Unidos sea devuelta al peligro», añadió.
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