Imagen de archivo de una tienda de armas en Estados Unidos.

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Las acciones de las principales empresas fabricantes de armas en Estados Unidos suben este miércoles tras el tiroteo la víspera en una escuela de Texas -con 19 niños y dos adultos asesinados- ya que los inversores anticipan un aumento en la demanda ante el temor de que se aprueben leyes que restrinjan la venta de armas. A las 10.27 hora local (14.27 GMT) las acciones de Smith & Wesson Brands -mayor fabricante de armas de fuego cortas de Estados Unidos- subían un 9 %, las de Vista Outdoor sumaban un 6,74 % y las de Sturm Ruger & Company un 3,46 %.

Esta subida es común en el país después de que se registre un tiroteo con muchos muertos, ya que los inversores esperan un aumento de la compra de armas ante posible restricciones venideras. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visiblemente conmocionado ayer al conocer la noticia, dijo: "Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas (y) hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer". El debate del control de armas es recurrente cada vez que hay una matanza, pero se topa con el sacrosanto derecho a "portar armas de fuego fuera de casa en defensa propia" recogido por la Segunda Enmienda de la Constitución. Y cada vez que hay un tiroteo indiscriminado, se debate no solo la laxitud de las leyes que permiten comprar armas incluso a adolescentes, sino también la responsabilidad de la propia industria armamentística ante la muerte de civiles inocentes.

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El pasado febrero, las familias de nueve víctimas del tiroteo de 2012 en la escuela Sandy Hook en Newton (Connecticut), donde 26 personas murieron -la matanza más grave en una escuela-, llegaron a un acuerdo histórico para percibir 73 millones de dólares de compensación por parte de la empresa de armas Remington, que había fabricado el rifle estilo AR-15 utilizado en la matanza. Fue uno de los acuerdos más significativos hasta la fecha, ya que la inmunidad federal para los fabricantes de armas brinda un fuerte escudo contra los litigios, según indica el New York Times. La Asociación Nacional del Rifle (NRA), organización que ejerce una gran influencia sobre los políticos y, en consecuencia, sobre las leyes de armas, dijo que cerca de cinco millones de personas se volvieron miembros tras el tiroteo en la escuela Sandy Hook en 2012. No obstante, diversos analistas señalaron que la organización infló sus datos y rebajaron esa cifra a tres millones de nuevos socios.

En Estados Unidos se puede poseer un arma y no ser miembro de la NRA. Según datos de 2021, menos del 20 % de los civiles que tienen armas en este país son miembros. Las ventas de armas aumentaron en todo el país durante la pandemia, ya que algunos temían que el brote pudiera provocar alborotos civiles. Ayer, el senador demócrata de Connecticut y un defensor del control de armas, Chris Murphy, dijo que "se pondría de rodillas" para rogar a sus colegas que aprueben la legislación de control de armas. También el líder de la mayoría en el Senado, el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, presentó una moción para poner dos proyectos de ley de control de armas en el calendario de la cámara. Pero les respondió en sentido contrario el senador republicano de Texas Ted Cruz, quien criticó los esfuerzos demócratas para cambiar las leyes de armas inmediatamente después del tiroteo.

La Cámara Baja aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley para incrementar la lucha contra el terrorismo interno solo días después de otra masacre, en esta ocasión un tiroteo racista en la localidad neoyorquina de Buffalo en el que murieron diez personas, la mayoría negros. La iniciativa, bautizada "La ley de Prevención del Terrorismo Doméstico de 2022", propone la creación de unas unidades especializadas en el FBI y en los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para rastrear e investigar posibles amenazas de terrorismo nacional, incluidos grupos racistas y relacionados con el supremacismo blanco. Tras su aprobación en la Cámara Baja, de mayoría demócrata, el proyecto de ley ha pasado ahora al Senado.