«Hungría está plenamente comprometida con la implementación de las medidas, (medidas) dispuestas para proteger y mejorar la lucha contra la corrupción del presupuesto europeo», ha declarado Varga a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión del Consejo de ministros europeos de Asuntos Generales. El Colegio de Comisarios adoptó el domingo una propuesta para congelar el 65% de los fondos regionales previstos para tres programas en Hungría durante el periodo 2021-2027 por el riesgo de que la deriva antidemocrática de Budapest permita corruptelas y fraude en la gestión de estos recursos.
Bruselas plantea así la suspensión de unos 7.500 millones de euros, según estimó el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, que precisó que la decisión definitiva depende de los Veintisiete, que tienen ahora un plazo de un mes prorrogable hasta tres para evaluar la situación y decidir. En este marco, Varga ha defendido que el diálogo entre el Gobierno de Viktor Orbán y Bruselas durante el verano ha permitido diseñar soluciones «bien orientadas», en concreto «17 medidas capaces de remediar las preocupaciones dentro del procedimiento de condicionalidad».
«Las medidas están ahí pero necesitan tiempo para ser adoptadas», ha insistido la ministra húngara, quien ha explicado que las reformas comprometidas con la UE incluyen medidas como la creación de nuevas autoridades y, por tanto, la contratación de nuevo personal, lo que no permite tener a punto los cambios legislativos «hasta mediados de noviembre». La suspensión de ayudas europeas en caso de amenazas graves para el Estado de derecho en los países de la UE es una medida prevista desde el pasado enero en el mecanismo de condicionalidad incluido en las nuevas reglas para la gestión del Presupuesto de la UE. Una vez presentada oficialmente la propuesta al Consejo, los Veintisiete disponen de un mes para tomar una decisión, prorrogable dos meses más.
El comisario Hahn adelantó el domingo que confía en que el Consejo haga uso del periodo máximo en su evaluación porque las reformas prometidas por Orbán necesitan tiempo para su tramitación legal y aplicación. El caso se remonta al pasado mes de abril, cuando Bruselas inició el procedimiento de condicionalidad para congelar fondos destinados a Hungría para evitar su uso opaco. Entonces Budapest se negó a cooperar para enmendar la situación y no fue hasta este verano, cuando la Comisión puso cifra a los fondos en riesgo de suspensión, que las autoridades húngaras iniciaron el diálogo con los servicios comunitarios para buscar un acuerdo.
En el abanico de reformas que la UE espera para proteger los fondos comunes del tráfico de influencias, corruptelas y otros fraudes en Hungría destacan la creación de una Autoridad de Integridad con poderes ampliados y de una 'task force' de Anticorrupción con salvaguardas que aseguren la participación de toda la sociedad civil. Las autoridades húngaras también deberán fortalecer el marco legal contra la corrupción, garantizar la transparencia en el acceso a fondos públicos y europeos por fundaciones, reforzar los mecanismos de auditoría y control y reformas en el sistema judicial para que las decisiones de la Fiscalía puedan ser recurridas.
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