Por ello, ha continuado el comisario europeo, el Ejecutivo comunitario «sigue llamando a todas las partes involucradas a tomar las acciones necesarias para la implementación exitosa de esta recomendación» y recalca que la posición comunitaria es «bien conocida» por todos. En su última evaluación sobre el Estado de derecho en los Estados miembro el pasado julio, la Comisión Europea incluyó recomendaciones específicas para los países que, en el caso de España, incidían en la necesidad de abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con carácter prioritario.
Entonces, el Ejecutivo comunitario también advirtió de que «inmediatamente después» de tal renovación se debería iniciar una reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para que al menos la mitad sean elegidos por sus partes, siguiendo los estándares europeos que defiende el Consejo de Europa y que Bruselas hace suyos. La reacción de Reynders se produce en plena bronca en España por la reforma del Código Penal que incluye la supresión del delito de sedición, modificaciones en el de malversación y cambios en el sistema de elección del Tribunal Constitucional y cuya tramitación en el Senado ha sido suspendida por el propio TC tras un recurso presentado por el PP.
Llega también después de que su portavoz, Christian Wigand, advirtiera de que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro deben pasar siempre por consultas previas con las partes interesadas, incluido el poder judicial, y apuntara que Bruselas espera que España cumpla con los estándares europeos, lo que se interpretó como un respaldo al Constitucional.
El Ejecutivo comunitario sigue «muy atentamente» la situación en España y está al corriente de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación de la reforma del Código Penal, apuntó el portavoz, que evitó entrar en el fondo porque Bruselas no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son adoptadas definitivamente como ley. Con todo, el portavoz comunitario sí apuntó que los servicios comunitarios esperan que «las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales».
En este contexto, fuentes comunitarias enmarcaron esta posición en el apoyo de los estándares europeos que abogan por que antes de que una reforma de calado en el ámbito judicial sea presentada existan consultas «previas» con actores como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los fiscales y jueces o el Consejo de Europa a través de su Comisión de Venecia. En el caso de España, añaden las fuentes, le corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre cualquier «duda o queja» al respecto del modo en que se lleva al cabo el proceso de reforma y a las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.
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