Bruselas niega toda implicación del hijo del ministro Planas en Doñana

Después de que varios cargos del PP deslizaran que Luis Planas Herrera, el hijo del ministro, estuviese utilizando su posición en la institución europea para influir en el posicionamiento de Bruselas e incluso escribiese las cartas dirigidas a España, un portavoz de la Comisión explicó a EFE que «el funcionario en cuestión ha comunicado su situación personal en una declaración de conflictos de interés». «Sus tareas tienen esto en cuenta para evitar cualquier conflicto de interés existente o potencial. Podemos confirmar que no ha estado involucrado en el asunto de Doñana», añadió el portavoz.

La Comisión Europea también recordó que su obligación como «guardián de los Tratados» es «actuar en casos de infracciones y para asegurar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de una manera estrictamente colegiada». «Todos los casos de infracción son adoptados con el aval previo del gabinete (del comisario) y del gabinete de la presidenta» Ursula von der Leyen, subraya el portavoz.

Este pasado jueves, la Comisión Europea ya insistió en su papel «estrictamente institucional» en la gestión del expediente de Doñana, después de que el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, acusara al comisario de Medioambiente de «hacer campaña» a favor del PSOE en la polémica sobre el anteproyecto de ley presentado por PP y Vox.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acusado al número dos del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, de actuar con «inmensa bajeza» al decir que su hijo está detrás de la posición en contra de la Comisión Europea sobre el proyecto legislativo en Doñana. El consejero de la Presidencia de la Junta dijo, en concreto, que no le «extrañan» los «posicionamientos políticos» que está adoptando Bruselas sobre los regadíos de Doñana, porque es el hijo del ministro español quien «hace los papeles y contesta» en su nombre.

Este cruce de acusaciones y desmentidos tiene lugar en el marco del conflicto político abierto por la ley impulsada por PP y Vox en Andalucía para ampliar las zonas de regadíos en el entorno de Doñana, una medida que va «en dirección contraria», según las autoridades comunitarias, con respecto a lo que España debería hacer para cumplir con la sentencia del TJUE que obliga a proteger el humedal del parque, su flora y su fauna.