Regresan las sanciones a Venezuela y la presión de Washington sobre Maduro

La inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, quien arrasó en las primarias de la oposición, y el impedimento de las autoridades para registrar a su reemplazo, Corina Yoris, fueron la gota que colmó el vaso para Washington. Sin embargo, según fuentes estadounidenses, la Administración de Biden no tira todavía la toalla y sigue dispuesta a intentar reconducir el proceso para que las presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio tengan un mínimo de garantías democráticas.

Hasta el 31 de mayo para cerrar operaciones Según lo anunciado este miércoles, el Departamento del Tesoro no renovará la Licencia General 44, que vence esta medianoche y que durante los últimos seis meses ha permitido las operaciones de empresas extranjeras en el sector del petróleo y el gas venezolano. Las compañías tienen un plazo de 45 días, hasta el 31 de mayo, para cerrar de manera ordenada todas las actividades que tenían bajo esta normativa. En su lugar, el Tesoro emitió la Licencia 44A, que obliga a las empresas extranjeras que quieran hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos Venezolanos (PDVSA) a solicitar autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso.

Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos. Las restricciones en ningún caso afectan a las operaciones en Venezuela de la estadounidense Chevron, que tiene una licencia especial desde 2022, cuando la guerra de Ucrania perturbó el mercado global de crudo. Durante los últimos seis meses, Caracas ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera se incrementó en el país en un 18 % en el primer trimestre del año. Nuevo capítulo en la relación El fin del alivio supone un giro de la política de la Administración de Biden, quien había intentado desmarcarse de la estrategia de su antecesor, el republicano Donald Trump (2017-2021), de poner presión máxima sobre Venezuela para intentar derrocar a Maduro.

El regreso de las sanciones había generado debate dentro del Gobierno demócrata por la posibilidad de que provoquen un aumento de la migración hacia Estados Unidos y un alza de los precios de la gasolina, pero pesó más la opción de dar una respuesta contundente al mandatario venezolano. Estados Unidos considera que el chavismo ha cumplido algunos compromisos electorales, como la actualización del registro de votantes o el aval a las misiones de observación electoral. Washington y Caracas tuvieron además en diciembre pasado un intercambio de prisioneros que dejó libre a Alex Saab, presunto testaferro de Maduro.

Pero la Justicia venezolana ha mantenido la inhabilitación que pesa sobre la opositora María Corina Machado y las autoridades impidieron el registro de su alternativa, Corina Yoris, lo que provocó incluso críticas de los gobiernos de Colombia y Brasil, aliados de Maduro con los que Washington ha tenido contactos cercanos. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor, inscribió de forma interina para las elecciones a Edmundo González Urrutia y se encuentra en debates internos para nombrar a un candidato definitivo. El Departamento de Estado de EE.UU. reiteró este miércoles en un comunicado su exigencia para que «Maduro permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin más demora». «El fin de la licencia no debe verse como una decisión final de que ya no creemos que Venezuela pueda celebrar elecciones competitivas», afirmaron fuentes estadounidenses.