«La desinformación puede provocar disturbios»

El Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la UE «se esfuerzan por proteger a la sociedad civil ante la desinformación, que puede provocar disturbios sociales y suponer una amenaza para el proceso democrático, al tiempo que garantiza que cualquier restricción a la libertad de expresión se limite a lo estrictamente necesario», dijo Lenaerts. El magistrado belga, máximo responsable desde 2015 de la corte comunitaria con sede en Luxemburgo, hizo esas declaraciones durante su intervención inicial en un acto del Tribunal para celebrar los veinte años de la gran ampliación de la UE hacia el este con la entrada de diez Estados miembros en 2004, y coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Prensa.

Se refirió en concreto a dos sentencias analizadas por la justicia europea en los últimos años en el marco de la injerencia y la desinformación rusa, empezando por la sentencia de 2019 sobre Baltic Media Alliance, cuando el Tribunal administrativo de Vilna solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que interpretara la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. El TJUE permitió «a las autoridades lituanas combatir la propaganda rusa dirigida a la minoría rusoparlamente de ese Estado miembro (...), basándose en que sus programas incitaban al odio por razón de nacionalidad». Lenaerts repasó también la sentencia de la corte de Luxemburgo en el caso que oponía a «un medio de comunicación íntegramente financiado por el Estado ruso», la plataforma RT France, contra un reglamento del Consejo que prohibía de manera temporal a ese medio de comunicación».

El Consejo de la UE prohibió la difusión de RT (antigua Rusia Today) «basándose en que había llevado a cabo una campaña de propaganda dirigida contra la sociedad civil en la UE, justificando y apoyando la agresión militar de Rusia contra Ucrania», señaló. La justicia europea interpretó en su sentencia de julio de 2022 que «el Consejo había limitado la libertad de expresión de RT France de manera conforme a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE». Ese razonamiento se apoyaba en que «el reglamento impugnado perseguía dos objetivos legítimos, a saber, la protección del orden público y de la seguridad en la UE, así como la aplicación de presión sobre las autoridades rusas para poner fin a la guerra, al tiempo que respetaba el principio de proporcionalidad», agregó.

«Cuando la guerra está a las puertas de la Unión Europea, dicha seguridad sirve para salvaguardar el orden público y la seguridad nacional, componentes de las funciones esenciales de los Estados miembros», dijo Lenaerts. «No obstante, ningún Estado miembro puede justificar una violación de los valores y principios básicos en los que se fundamenta la UE en nombre de una identidad nacional», subrayó. Lenarts dijo que cuando un país entra en la UE se compromete a respetar los valores europeos contenidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que señala que la UE «se basa en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías».

«Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres», agrega el texto. El juez indicó que un Estado miembro «siempre puede mejorar su nivel de protección de los valores», pero el Derecho de la UE impide que un país «derive hacia un régimen autoritario o que caiga en una situación de retroceso democrático. No hay vuelta atrás», dijo el juez, que celebró el enfoque comunitario de «tender puentes con sociedades vecinas que comparten y aprecian los mismos valores», lo que contribuye al «proyecto de paz» de la UE, donde «la guerra entre sus Estados miembros es sencillamente inimaginable».