HRW ha indicado en su informe «'Sin esperanza, hambrientos y asediados': el desplazamiento forzado de palestinos en Gaza por parte de Israel» que la ofensiva israelí ha provocado el desplazamiento de 1,9 millones de palestinos, lo que supone el 90 por ciento de la población del enclave, y una enorme destrucción en gran parte de la Franja.
Así, ha especificado que las tropas israelíes han llevado a cabo demoliciones controladas y deliberadas de viviendas y otra infraestructura civil, incluidas zonas en las que aparentemente está creando 'zonas tapón' y 'corredores' de seguridad, lo que podría implicar el desplazamiento permanente de los palestinos que vivían en las mismas, lo que viola las leyes de la guerra.
«El Gobierno israelí no puede alegar que protege a los palestinos mientras los ataca en sus rutas de escape, bombardea las llamadas zonas seguras y corta el suministro de alimentos, agua y servicios de saneamiento», ha dicho Nadia Hardman, investigadora en derechos de refugiados y migrantes de la organización. En este sentido, ha hecho hincapié en que «Israel ha violado flagrantemente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo a su paso en amplias áreas».
El informe, que cuenta con entrevistas a 39 desplazados, un análisis de los sistemas de evacuación puestos en marcha por Israel y de las imágenes por satélite de los daños, así como la verificación de vídeos y fotografías sobre ataques contra zonas seguras y rutas de evacuación, lleva a HRW a determinar que no hay razones militares plausibles que justifiquen estos desplazamientos, a menudo en múltiples ocasiones. La organización insiste en que las leyes de conflicto armado aplicables en territorios ocupados, como es el caso de Gaza, permiten sólo excepcionalmente el desplazamiento de civiles por razones militares imperativas y para la seguridad de la población, siempre con la exigencia de protecciones y alojamiento adecuado para recibir a estas personas.
En este sentido, ha reiterado que, si bien Israel afirma que combate contra grupos palestinos presentes en zonas civiles y que ha procedido a las evacuaciones para llevar a cabo sus operaciones y limitar los daños a la población, los argumentos son «en gran medida falsos». La organización ha ahondado en que el sistema de evacuación aplicado por Israel ha dañado «gravemente» a la población y «a menudo sólo ha servido para propagar el miedo y la ansiedad».
«En lugar de garantizar la seguridad de los civiles desplazados, las fuerzas israelíes han atacado repetidamente las rutas de evacuación designadas y las zonas seguras», ha afirmado. En concreto, ha subrayado que las órdenes de evacuación han sido «inconsistentes» e «inexactas» y ha añadido que «con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente para permitir las evacuaciones o no se han comunicado en absoluto», al tiempo que no tienen en cuenta las necesidades de personas con discapacidades o dependientes.
HRW ha recordado que Israel, como potencia ocupante, tiene además la obligación de garantizar que existen instalaciones para alojar a los desplazados y ha indicado que, por contra, las tropas israelíes han impuesto trabas al suministro de la ayuda humanitaria necesaria en la Franja de Gaza, habiendo además destruido numerosos recursos esenciales, incluidos hospitales, escuelas, infraestructuras de agua y energía, panaderías y terrenos agrícolas.
Por otra parte, la organización ha manifestado que Israel tiene también la obligación de permitir el regreso a sus hogares de los desplazados tan pronto como cesen las hostilidades y ha manifestado que varias zonas de Gaza han quedado inhabitables a causa de los daños provocados por la ofensiva militar. HRW ha señalado que «el Ejército israelí ha demolido o dañado gravemente la infraestructura civil de manera intencionada, realizando incluso demoliciones controladas de viviendas, con el aparente objetivo de crear una 'zona de amortiguación' ampliada a lo largo del perímetro de Gaza con Israel y un corredor que dividirá Gaza». «La magnitud de la destrucción sugiere una intención de desplazar permanentemente a muchas personas», ha puntualizado la ONG, que ha recordado que «durante casi ocho décadas, las autoridades israelíes han negado el derecho al retorno al 80 por ciento de la población de Gaza, que consiste en refugiados y sus descendientes», quienes fueron expulsados o huyeron tras la creación en 1948 del Estado de Israel.
Además, ha puntualizado que, en este contexto, altos cargos del Gobierno de Israel han expresado su intención de desplazar a los palestinos de Gaza y ha recordado que el ministro de Agricultura israelí, Avi Dichter, llegó a afirmar en noviembre de 2023 que las autoridades israelíes «están desplegando la 'Nakba' de Gaza». Por ello, ha recalcado que «el desplazamiento forzado ha sido generalizado y que la evidencia sugiere que ha sido sistemático y parte de una política de Estado», lo que constituiría «crímenes contra la humanidad». En esta línea, ha advertido de que «es probable que las autoridades israelíes planeen hacer permanente el desplazamiento violento y organizado de palestinos de Gaza, quienes pertenecen a otro grupo étnico, en las zonas de amortiguación y los corredores de seguridad», acciones que supondrían «una limpieza étnica».
Por todo ello, HRW ha reseñado que las víctimas de los abusos en Israel y Palestina llevan décadas haciendo frente a «un muro de impunidad», incluido un «bloqueo ilegal» desde hace 17 años a la Franja de Gaza, lo que «forma parte de los continuos crímenes de apartheid y persecución que las autoridades israelíes han cometido contra el pueblo palestino». La ONG ha reclamado a los gobiernos internacionales que condenen «públicamente» el desplazamiento forzoso de civiles como un crimen de guerra y contra la humanidad y que presionen a las autoridades de Israel para que ponga fin a estas violaciones y cumpla las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
En este sentido, ha solicitado al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, que investigue el desplazamiento forzoso y prohibición del derecho al retorno por parte de Israel, así como que los gobiernos condenen cualquier intento de intimidarle y que apliquen sanciones o revisen sus acuerdos bilaterales con Israel para que cumpla con sus obligaciones internacionales.
«Nadie puede negar los crímenes atroces que el Ejército israelí está cometiendo contra los palestinos en Gaza», ha recalcado Hardman, quien ha subrayado que «la transferencia de armas y asistencia adicionales a Israel por parte de Estados Unidos, Alemania y otros países es un cheque en blanco para más atrocidades y los pone cada vez más en riesgo de ser cómplices», ha zanjado. Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes. Desde entonces han muerto más de 43.700 palestinos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, a los que se suman más de 750 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques perpetrados por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.
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