Representantes políticos del grupo negociador que aglutina a los países menos desarrollados, así como el de los pequeños estados-isla alegaron haber venido a la cumbre del clima de Bakú a cerrar «un acuerdo justo» sobre financiación climática, pero se han sentido «dolidos» al no estar siendo consultados. «Hay un acuerdo que cerrar y no estamos siendo consultados. Estamos aquí para negociar, pero nos marchamos porque en este momento no sentimos que se nos escuche», dijo el jefe del grupo negociador de los países insulares, el ministro de Samoa Cedric Schuste, en declaraciones a los medios.
«Hacemos todo lo posible por tender puentes con, literalmente, todo el mundo. No es fácil, ni en la financiación ni en la mitigación», subrayó por su parte el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, para enfatizar que «es justo pedir que seamos constructivos». Algunos estados de Latinoamérica y el Caribe, que intentan mediar entre los menos desarrollados y los países ricos, manifestaron su negativa a admitir que esta cumbre de Bakú acabe sin acuerdo.
«No podemos salir de Bakú como de Copenhague», dijo el enviado especial del clima de Panamá, Juan Carlos Monterrey, en referencia a la cumbre del clima celebrada en la capital danesa en 2009, un encuentro que la comunidad climática internacional consideró un fracaso, al no lograr ningún acuerdo. «Ya estamos en un punto de no solamente construir puentes, sino de caminar sobre esos puentes», zanjó Monterrey, tras detallar que los países habían salido de la consulta principalmente por sus discrepancias respecto del monto total que los países ricos sugieren movilizar para costear la transición climática y la adaptación a los impactos inevitables del calentamiento global.
«La gran lucha es la cifra», aseveró Monterrey, pues los países en desarrollo en este punto apoyan que el objetivo sea de 300.000 millones de dólares anuales para 2035, y las economías en desarrollo y emergentes piden 500.000 millones de dólares anuales y para 2030. La negociadora principal de Panamá, Ana Aguilar, criticó además la falta de transparencia en el proceso, algo que achacó a la presidencia azerí de la cumbre, que según ella ha tenido más reuniones con unas partes que con otras, y han estado tres días sin favorecer negociaciones más que bilateralmente.
«Tenemos un problema», señaló la ministra de Colombia, Susana Muhamad, quien alegó que hay aún mucha distancia entre el monto que los países ricos proponen movilizar y la que los que los países en desarrollo piden. La propuesta de la presidencia de la COP29, según lo reflejó en un texto negociador hecho público el viernes, era que los países pudientes paguen 250.000 millones de dólares anuales para 2035 a los estados del Sur Global, para ayudarles a costear la acción contra el cambio climático, fenómeno al que apenas contribuyen pero del que son las principales víctimas. Ahora se está hablando de 300.000 millones de dólares, mientras que el grupo mayor de países en desarrollo exige al menos 500.000 millones.
La disputa está especialmente en el quantum, dijo Muhamad, pero también «en algunos de los requisitos que creo que a través de la negociación podemos conseguir», precisó. «El problema es que se ha publicado muy tarde, se publicó ayer. El plazo es muy corto, así que tenemos a algunos países, los que tienen menos capacidad financiera, que no se sienten satisfechos», explicó Muhamad, quien agregó que «necesitamos que puedan moverse y deliberar». La ministra colombiana dijo que animará a los países ricos «a dar un paso adelante» y, agregó, «es muy importante que lo den para que podamos avanzar y sacar adelante esta negociación».
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