El Gobierno del primer ministro francés Michel Barnier ha decidido reducir drásticamente los subsidios a la compra de coches eléctricos hasta entre 2.000 y 4.000 euros, frente a los entre 4.000 y 7.000 euros planteados hasta ahora, en un esfuerzo por contentar a las formaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional y evitar una moción de censura contra el Ejecutivo.
La medida, contemplada dentro de un paquete más amplio para controlar el gasto público y el agujero en los presupuestos estatales, se suma a la escasa demanda de coches eléctricos a la que tienen que hacer frente los fabricantes en estos momentos.
«El Gobierno sigue firmemente comprometido con la electrificación del parque móvil, pero el contexto presupuestario es extremadamente limitado», ha asegurado un portavoz del Ejecutivo galo en las últimas horas para añadir que los subsidios reducidos, en todo caso, se podrán ver complementados con diferentes ayudas recogidas en un plan estatal para la electrificación de vehículos dotado con hasta 1.000 millones de euros -500 millones menos de los esperados-, que se quiere poner en marcha en 2025.
Según los planes que maneja la oficina del primer ministro, aproximadamente el 70% del nuevo paquete de ayudas se destinaría a las bonificaciones para la compra de eléctricos de particulares, mientras que el resto iría al apoyo para la renovación de vehículos comerciales y a financiar el llamado plan de arrendamiento social para hogares de bajos ingresos.
Estas nuevas medidas aterrizan en plena crisis política en Francia con el partido de Marine Le Pen amenazando con tumbar al Gobierno de Barnier, pese a que éste decidiera no subir los impuestos sobre electricidad como estaba previsto y reducir la ayuda sanitaria pública estatal a los inmigrantes indocumentados, dos demandas de la formación ultraderechista. El ministro de Economía, Antoine Armand, ha reconocido este jueves en una entrevista a la cadena BFMTV que el Gobierno estaba dispuesto a hacer «concesiones» para solventar una situación «extremadamente grave», en la que el Ejecutivo pende de un hilo al no tener una mayoría consolidada en la Asamblea Nacional.
La aritmética parlamentaria no está de su parte y el Gobierno ha especulado incluso con recurrir de nuevo al artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante las cuentas públicas, una vía que le permite esquivar la votación pero que abre la puerta a una moción de censura. El Nuevo Frente Popular de izquierdas ya ha dejado claro que intentará tumbar al Ejecutivo y Le Pen sopesa esta posibilidad, tal como dijo ella misma tras salir el lunes de su reunión con Barnier. Las «líneas rojas» de la ultraderecha incluyen también medidas de apoyo a los agricultores o propuestas más duras en materia migratoria.
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