El titular del Juzgado de lo Penal número dos de Palma, Javier
Mulet, estimó las peticiones formuladas por los abogados de Gilet y
Vellibre, Antoni Monserrat y Javier Clastres, respectivamente, y
del fiscal, que defendían la tesis de la prescripción. «Este juicio
debe terminar hoy y aquí mismo», dijo Clastres el pasado lunes. El
juez no anuló la vista oral ese mismo día, pero lo hizo ayer, con
un auto demoledor para los instigadores del «caso Calvià»: «Repugna
a la ciudadanía la forma, torticera e incluso chapucera, con la que
se intentó el cambio gubernamental en el Ayuntamiento de Calviá,
por cuanto supone de cercenación y desconfianza hacia los
principios democráticos y fraude del sistema electoral», señala el
juez.
La decisión del juez, que es recurrible ante la Audiencia
Provincial de Palma, estima de forma íntegra todas las alegaciones
presentadas por las defensas y el fiscal, al rechazar
«expresamente», según el auto, «la calificación de los hechos por
el delito sancionado en el artículo 386 del Código Penal
derogado».
Gilet y Vellibre, para quienes las acusaciones solicitaban
cuatro meses de arresto menor y una multa de cien millones de
pesetas, habían sido encausados en la segunda parte del «caso
Calviá» tras reabrirse la causa, en 1996, que tenía sentencia en
firme dictada por la Audiencia de Palma en 1993 y ratificada por el
Tribunal Supremo un año más tarde. Las acusaciones -PSIB-PSOE,
Ayuntamiento de Calviá y José Miguel Campos, el concejal que fue
objeto de un intento de soborno para que votara a favor del PP en
una moción de censura a la alcaldesa socialista Margarita Nájera en
1992- habían variado la calificación jurídica del supuesto delito
de cohecho propio por el impropio (para cometer un acto
injusto).
El objetivo era eludir el plazo de prescripción, pero el juez
rebatió ese argumento al señalar que «los hechos ahora enjuiciados
no son jurídicamente distintos a los que fueron objeto de sanción
en la Audiencia».
Asimismo, señaló que «los hechos deben ser calificados como ya
lo fueron en la anterior versión del llamado caso Calviá».
José Diéguez, abogado del concejal José Miguel Campos, dijo que la
posibilidad de presentar un recurso «dependerá de mi cliente». «Si
recurrimos vamos a ganar, porque hoy ha ocurrido un hecho histórico
en España al cambiar la calificación de un delito en un escrito de
acusación en la fase de cuestiones previas, sin esperar al
desarrollo del juicio oral», precisó.
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