El Ajuntament de Palma recurrirá ante el Tribunal Supremo la
sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Balears que anula el acuerdo del
Consistorio del 27 de octubre de 1994 en el que se aprobó la
concesión a la empresa Dornier SA de la gestión de la Ordenanza
Reguladora de Aparcamientos, según anunció ayer el alcalde en
funciones de Palma.
Joan Fageda, que hoy jurará de nuevo su cargo, explicó que «esta
sentencia pone en evidencia que falta una documentación técnica, lo
cual es fácil subsanar pues no se trata de una cuestión de fondo, y
además el fallo no es firme porque se puede recurrir y eso es lo
que vamos a hacer». La sentencia anula el acuerdo municipal por la
inexistencia de un proyecto técnico que debería haberse presentado
previamente a la convocatoria del concurso y del que se
desprenderían las bases del mismo. En cambio, el Ajuntament y la
empresa concesionaria opinan que el pliego de condiciones equivale
al proyecto técnico. El recurso municipal defenderá este argumento.
No obstante, la propia sentencia ya advierte que un dilema similar
fue resuelto por la misma sala en sentencia de 31 de octubre de
1998, la cual fue confirmada por el Supremo en junio de 1990, lo
cual quiere decir que ya existe jurisprudencia contraria a los
intereses de Cort.
Pero en tanto se recurre, hay plazo hasta final de mes, y el
tribunal sentencia la empresa adjudicataria puede continuar con la
gestión de la ORA hasta la finalización, en noviembre, de la
contrata. Esta puede ser renovada por otros cinco años, pero antes
de tomar esta decisión, el alcalde pedirá informes técnicos del
resultados de los cinco años de gestión privada. El equipo de
Gobierno no quiere adelantar si la sentencia pendiente del Tribunal
Supremo condicionará la renovación de la contrata, «antes se debe
hablar con los servicios jurídicos y estudiar el tema», apuntó el
concejal en funciones de Governació, Joan Bauzá. En caso de que se
renueve la concesión y el Supremo ratifique la sentencia del TSJB,
Dornier dejaría de gestionar la ORA y el Ajuntament debería
convocar un nuevo concurso o bien volver a municipalizar la gestión
de este servicio, privatizado por el Gobierno popular en 1994.
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