El pacto para configurar un gobierno progresista en el Consolat de
la Mar ha creado una situación atípica en términos políticos, ya
que ni el presidente del Govern, Francesc Antich, ha nombrado a
todos sus consellers "el PSM ha elegido a los suyos y Esquerra
Unida y Els Verds han hecho lo propio", ni todos los consellers han
podido designar personalmente a sus altos cargos.
Esta situación de gestión compartida se da, por el momento, en
cuatro conselleries: Obres Públiques, Vivenda i Transports;
Educació i Cultura; Sanitat i Consum y Treball i Benestar
Social.
Este fenómeno, sólo explicable en un gobierno cuatripartito,
puede ser beneficioso de cara a conseguir una mayor cohesión en el
conjunto de departamentos del Govern, pero puede crear problemas en
la medida en que algún conseller imponga a un director general de
otro partido una determinada actuación que pueda crear un conflicto
entre filosofías políticas distintas.
En el caso de la Conselleria d'Educació i Cultura, en manos del
nacionalista Damià Pons, todos los altos cargos son también del
PSM, excepto dos, que han sido asignados al PSOE dentro del pacto
alcanzado para formar gobierno. Así, los socialistas han desginado
a Tomeu Llinàs como director general de Formació Professional i
Inspecció Educativa, y a Martí March como director general de
Universitat.
En el caso de la Conselleria d'Obres Públiques, Vivenda i
Transports, el único alto cargo que no es socialista en el
departamento que dirige Antoni Ferrer es un hombre designado por
Esquerra Unida. Se trata de Jaume Carbonero, conocido arquitecto y
ex concejal de Urbanismo en Cort, que se hará cargo de la dirección
general d'Arquitectura i Vivenda.
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