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El anuncio del auto dictado por el Tribunal Constitucional sobre la suspensión de la vigencia y aplicación de dos artículos y una disposición adicional de las DOT, que afectan a la reserva de terrenos en Son Sant Joan y a los deslindes en Formentera, «será analizado de forma detallada por los servicios jurídicos del Govern para determinar si procede presentar un recurso, aunque hay que decir que las comunidades autónomas queremos administrar el máximo de nuestro territorio y ello, en ocasiones, puede conllevar algún tipo de concurrencia con otras administraciones», señalaba ayer el presidente del Govern, Francesc Antich.

Sin una postura decidida y a la espera del informe jurídico preceptivo, Antich señaló que «ya se le avisó al anterior ejecutivo de Jaume Matas que podría tener problemas con los deslindes marítimos terrestre de Formentera, pero en el caso de la reserva de terrenos en el aeropuerto de Palma hubo unanimidad al respecto de que no se tenía que hacer. Tenemos que estudiar lo sucedido y acatamos el auto del Constitucional».

Antich añadió que en el caso de Son Sant Joan no se puede plantear construir una tercera pista hasta doce o trece años vista: «Somos un Govern formado por un pacte de progrès y debemos consensuar una solución a esta cuestión en lo que concierne a la reserva de terrenos».

El Gobierno central recurrió ante el Constitucional las DOT por entender que invadía competencias exclusivas del Estado sobre uso de suelo en el territorio balear, aeropuertos de interés general y delimitación del dominio público marítimo-terrestre.