El Govern quiere erradicar de raíz la oferta de alojamiento de las
viviendas vacacionales en las Islas, para lo cual arbitrará el
sistema legal adecuado para buscar la forma jurídica concreta que
impida la proliferación de esta oferta, «que está provocando una
presión turística sobre el sector inmobiliario que puede acelerar
el consumo de territorio urbano en las Islas», afirmaba ayer el
conseller de Turisme, Celestí Alomar.
El primer paso será derogar el Decreto de Viviendas Vacacionales
aprobada por el Ejecutivo de Jaume Matas, con el fin de
imposibilitar que exista esta figura turística: «Hay que evitar que
sean utilizados como válvula de escape a la presión turística. Se
analizarán los derechos adquiridos, pero los expedientes que
todavía tienen que ser tramitados, en torno a unos 800, van a ser
analizados por los servicios técnicos y jurídicos para obrar en
consecuencia».
La legalización y homologación de 1.200 viviendas vacacionales
durante el primer cuatrimestre de este año por la Conselleria de
Turisme ha permitido que durante este verano estén operativas por
vez primera en Mallorca unas 7.200 plazas de este tipo de oferta de
alojamiento totalmente legalizadas.
Una comisión de arbitraje integrada por Turisme, Federación
Hotelera de Mallorca y la Asociación de Viviendas Vacacionales en
Balears se ha encargado de analizar durante el citado período más
de 1.300 expedientes de viviendas ubicadas en la Isla, de los
cuales ha recibido el visto bueno de Turisme la mayoría de ellas.
En el conjunto de Balears, la suma de viviendas que se han
intentado legalizar, tanto en Turisme como en los consells insulars
de Eivissa-Formentera y Menorca, ha superado la cifra de las 2.300,
de las cuales 1.000 se encuentran en Menorca.
Los 800 expedientes con los que se ha encontrado el actual
equipo de Turisme, según el presidente de la patronal de este
sector, Miguel Amengual, «son fruto de la prórroga que se consiguió
hasta el próximo mes de septiembre, con el fin de que los
propietarios de las viviendas puedan cumplimentar toda la
normativa. De los 800 expedientes, más de un 30% se trata de
expedientes duplicados».
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