TW
0

Era previsible que las autoridades chilenas aumentaran la presión sobre las españolas, a medida que se aproxima la fecha del juicio sobre la extradición del general Pinochet, a celebrar el 27 de este mes ante un tribunal londinense. Pero quizás pocos podían imaginar que desde Santiago llegarían hasta el extremo de llamar a su embajador en Madrid a consulta "medida que en muchas ocasiones antecede a la ruptura de relaciones", como protesta a la negativa de España a aceptar un arbitraje internacional en el asunto. Las duras declaraciones de los responsables chilenos, tildando la actitud española de «arrogante y paternalista», y las veladas amenazas en lo concerniente a la posibilidad de un empeoramiento en las relaciones bilaterales, delimitan las coordenadas de un momento difícil, por no decir crítico, en lo que al trato diplomático entre Chile y España respecta. Si bien hay que admitir como desmesurada la postura ahora adoptada por los chilenos, también procede otorgar la parte de culpa correspondiente a la poco clara actitud que el Gobierno español ha venido manteniendo, prácticamente desde los primeros compases del caso Pinochet. Las maniobras a la desesperada desplegadas por nuestro ministro de Asuntos Exteriores durante los últimos días, en orden a lograr un cierto acuerdo entre los grupos parlamentarios para hacer así frente a la posible precisión chilena, sobre inútiles, han dejado en evidencia al Ejecutivo de Aznar. En un tema como éste, carece de sentido mantener "como se ha filtrado que en efecto ocurría" conversaciones «en privado» y llegar a promesas de difícil mantenimiento. Muy posiblemente, la airada reacción mostrada ahora por la diplomacia chilena guarda relación con la no correspondencia entre lo que en su día garantizó el Gobierno español y lo que hoy se ve autorizado a ofrecer. Cero, pues, en diplomacia.