21/09/99 0:00
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El nuevo Govern ha decidido poner en marcha una ley para frenar el crecimiento urbanístico que sufren las Balears, según la cual se eliminan las excepciones que permitían edificar en suelo rústico en un terreno inferior a los 14.000 metros en algunas zonas y se establece el mismo límite para Eivissa y Formentera. Hecho éste que ha tenido un efecto inmediato al dispararse la presión constructora para adelantarse a las futuras restricciones. Y puede darse por hecho, además, que se incrementará la especulación sobre aquellos terrenos que cuenten con una superficie suficiente.

En las Islas hemos vivido durante décadas con un importante vacío legal que ha permitido que se segregasen parcelas mínimas y se construyera en ellas, de tal modo que ciertas zonas rústicas más se asemejan a urbanizaciones que a lo que deben ser, pura y simplemente, campo. Es por ello que es preciso poner coto a esta situación regulando y planificando el futuro de nuestro territorio. Aún a riesgo de que el anuncio del Ejecutivo autonómico haya supuesto una aceleración en los procesos para construir en determinadas parcelas, era del todo necesario que se acometiera este asunto. Aunque tal vez las prisas hayan generado algunos problemas.

Tampoco debemos olvidar que debe existir una seguridad jurídica, puesto que, al amparo de la normativa anterior, muchas personas invirtieron su dinero en algunas parcelas menores con la finalidad de edificar en ellas. Y sería un grave error no tener en cuenta estas situaciones particulares.

Si bien es verdad que esta nueva normativa choca con la cultura de años atrás de comprar un terrenito para construir el chalet, muy arraigada en los ciudadanos de Balears, deberemos acostumbrarnos a ello en beneficio de la preservación de nuestro territorio.