El anuncio de las inversiones previstas por el Gobierno central
en las Islas de cara al año próximo siempre levanta expectativas,
aunque en esta ocasión la sorpresa ha sido desagradable. Si en un
principio se anunciaron para Balears inversiones por valor de más
de quince mil millones en el año 2000, a la hora de la verdad esta
cifra se ha visto recortada en algo más de 2.500 millones, sin que
se hayan facilitado explicaciones al respecto.
Balears, lo hemos dicho mil veces, es una de las comunidades más
ricas del Estado y, como tal, aporta a las arcas del Gobierno
central cantidades ingentes de dinero que luego espera recuperar en
parte en forma de inversiones que mejoren el nivel de vida de sus
ciudadanos, que son, al fin y al cabo, quienes generan toda esa
riqueza. Sin embargo, año tras año, llegan de Madrid noticias
escasas en materia inversora. El Estado parece tener otras
prioridades y el dinero generado aquí se destina a otros
lugares.
Es inadmisible que tengamos unos excelentes índices de renta per
cápita, gracias al turismo, y a la vez unos servicios de tercera.
Nuestras carreteras, nuestros hospitales de la Seguridad Social,
nuestros centros educativos públicos dejan mucho que desear. Algo
se ha hecho y algo se está haciendo, pero no podemos permitir que
se ponga freno a las inversiones del Estado.
No vale la excusa de que determinadas obras se han concluido.
Nos estamos refiriendo a inversiones cuantificadas para los
próximos años. Si han sido canceladas, debe haber explicaciones. El
Gobierno autonómico y nuestros diputados, sean del color que sean,
deben pedir explicaciones a Madrid. Deben preguntar dónde irán a
parar los 2.500 millones prometidos que ya no vienen, por qué se
han desviado de su destino inicial y si el cambio político
registrado en esta Comunitat en los últimos meses guarda alguna
relación con este recorte presupuestario.
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