Los escritos de la ley de medidas urgentes son iguales, pero están firmados por personas distintas.

Los escritos de la ley de medidas urgentes son iguales, pero están firmados por personas distintas.

30/09/99 0:00
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LOURDES TERRASA/JUAN MESTRE
La disposición transitoria de la Ley de medidas urbanísticas urgentes plantea dudas jurídicas sobre 700 proyectos de edificación en suelo rústico presentados en Mallorca en los últimos tres meses. El texto legal establece que los proyectos presentados en los ayuntamientos «tres meses antes» de la entrada en vigor de esta ley se resolverán de acuerdo con la normativa anterior (que permite edificar en parcelas inferiores a 14.000 metros cuadrados), lo que ha dado lugar a dos intepretaciones diametralmente opuestas. Mientras algunos juristas entienden que los proyectos presentados durante los últimos tres meses se acogerán a la normativa anterior "con lo cual no tendría sentido esa disposición transitoria", otros sostienen que el texto legal deja claro que sólo los proyectos presentados antes del mes de julio se acogen a la ley anterior.

Por su parte, el director general de Ordenació del Territori, Manuel Cabellos, entiende que queda claro que la nueva ley afecta con carácter retroactivo a los proyectos presentados durante los últimos tres meses, y asegura que, de no incluirse esa disposición transitoria, se verían afectados los proyectos presentados en los últimos cinco meses, plazo necesario para tramitar licencias en suelo rústico (dos meses para conseguir la licencia municipal y otros tres para disponer del informe preceptivo del Consell Insular de Mallorca). Cabellos entiende que esta disposición transitoria beneficia al particular al acortar ese plazo.

Por otra parte, el Govern envió ayer al Parlament la certificación de la Ley de Medidas Cautelares y Urgentes en materia urbanística un día después de su aprobación en el plenario de la Cámara, esta vez firmada por el secretario del Consell de Govern, el conseller Antoni Garcías. El PP ratificó ayer su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que la tramitación de dicha ley ha sido ilegal ya que la primera certificación presentada por el Govern estaba firmada por Fernando Pozuelo, secretario general técnico de Presidència.