Los transportistas de escombros llevaron su protesta ante las puertas de la Conselleria de Medi Ambient. Foto: JAUME ROSSELLÓ.

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Los transportistas de escombros de obras han pasado de las palabras a los hechos. El pasado lunes suspendieron los vertidos en protesta por lo que califican de «reiterados incumplimientos» de las distintas Administraciones, y como medida de presión para que les asignen unos terrenos donde realizar su actividad. Ayer, decidieron depositar más de 50 contenedores frente a la sede de la Conselleria de Medi Ambient, en una zona de aparcamiento de coches de las Avenidas. También, se entrevistaron con el director general de ese departamento, Nicolau Barceló y con representantes del Ajuntament de Palma y del Parlament, según confirmó a este diario el presidente de la patronal de la Asociación de Transportistas de Contenedores de Escombros de Mallorca, Joan Sastre. Cerca de una treintena de empresas afiliadas a esa patronal iniciaron una huelga para exigir una solución a este conflicto, que se arrastra ya desde hace varias semanas.

Sastre aseguró que este «parón» no es sólo una medida de protesta y de presión, sino que también es «forzoso», toda vez que, según dijo, «no sabemos dónde depositar los escombros». Precisó que, de momento, 27 empresas de Palma, Calviá, Sóller y Manacor se han unido a estos paros, que continuarán en tanto en cuanto las administraciones no encuentren una solución definitiva.

«Por el momento», señaló, «la entrevista con el señor Barceló fue muy positiva, ya que ofreció toda la colaboración posible para solventar el problema. Para ello bastaría con que las autoridades municipales (de los distintos ayuntamientos de Mallorca) asignaran unos terrenos, y que éstos contaran con la aprobación del Govern, así de simple y ello nos permitiría contar, por fin, con el anhelado marco legal que exige nuestro sector».

Sastre insistió en reivindicar que todas las administraciones implicadas busquen una fórmula que permita encontrar un lugar idóneo y legal donde depositar los residuos de las obras, concediendo todas las licencias oportunas para el funcionamiento de la actividad. El problema se agravó cuando, a finales del pasado mes de agosto, el propietario de la cantera de Can Ramis, donde se estaban depositando los escombros de toda la zona de Palma y alrededores, decidió cerrar la explotación por las denuncias de los vecinos.