18/12/99 0:00
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La decisión del Govern balear de añadir a los Presupuestos de la Comunitat una enmienda que anula las competencias municipales en materia de actividades clasificadas ha provocado un enfrentamiento entre el Ajuntament de Palma y el Consulat de Mar. A nadie se le escapa que en esta polémica se debaten, en realidad, dos cosas: una, el pretendido recorte de competencias muncipales, y la otra, la división de opiniones entre dos instituciones fuertes presididas por partidos políticos enfrentados. Sin obviar la implicación política del asunto, hay que denunciar que el intento de arrebatar poder a los ayuntamientos, a todos en general y al de Palma en particular, responde a un único objetivo: doblegar al Ajuntament de Palma y evitar que pueda poner objeciones a los proyectos del Pacte de Progrés en la cuestión de residuos sólidos. Es inadmisible que cuando se pretende transferir competencias de la Comunitat Autònoma a los consells insulars, paralelamente el mismo Govern plantee un ataque frontal a la autonomía municipal por el simple hecho de que el municipio más importante de la Isla esté en manos del PP.

Dicho esto, hay que convenir en que hay cuestiones "como la ubicación de un vertedero de cenizas necesario para todos", en las que se debe imponer el sentido común y el bienestar de toda la Comunitat y no utilizar las prerrogativas municipales como arma arrojadiza y la facultad de conceder licencias como moneda de cambio. En este sentido, pues, hay que pedir a los políticos de uno y otro signo, conservadores y progresistas-nacionalistas, que antepongan la defensa de los intereses de Mallorca por encima de estrategias partidistas de desgaste mutuo. Y hay que exigir que cualquier decisión política vaya precedida de un debate serio con un intercambio de ideas y propuestas para lograr la mejor solución para todos.