Una inversión de 2.200 millones de pesetas, cinco plantas y tres
sótanos sobre 21.000 metros cuadrados caracterizan al edificio
judicial «más moderno de España», según definió el subsecretario
general de Justicia, Ramón García Mena, a las nuevas dependencias
de Sa Gerreria. La instalación permitirá «acercar la Justicia al
ciudadano», según García Mena, y agilizar la resolución de los
pleitos. En Palma entraron el pasado año más de 10.000 asuntos en
los juzgados.
García Mena realizó ayer una visita a las obras de los nuevos
juzgados acompañado por la delegada del Gobierno en Balears,
Catalina Cirer; el subdirector de Medios Personales, Fernando
Martos; y el subdirector de Obras y Patrimonios, José Antonio
Llopis. También asistieron el presidente del TSJB, Àngel Reigosa,
el presidente de la Audiencia de Palma, Antoni Terrasa, el
juez-decano de Balears, Pedro Barceló y el teniente fiscal de
Balears, Ladislao Roig.
Las dependencias se ubican sobre un solar de 28.000 metros
cuadrados cedido por el Ajuntament de Palma, y cuentan con tres
plantas de sótano, cinco de alzada que circundan un patio central y
una entreplanta. El edificio, que tiene una superficie total de
unos 21.000 metros cuadrados, albergará los 21 juzgados civiles
(tres de lo social, dos contencioso-administrativos y el resto de
primera instancia) que ya existen en Palma y diez de reserva.
Llopis afirmó que el contrato establece la finalización de las
obras para el próximo 30 de abril, pero puntualizó que, «con la
aprobación en diciembre de la Ley de Enjuiciamiento Civil se
requieren pequeñas adaptaciones complementarias, sobre todo en las
salas de vistas», por lo que el edificio estará amueblado y listo
para su uso «antes de agosto». En este sentido, el subsecretario
general de Justicia destacó que una de las modificaciones impuestas
por la nueva normativa es la instalación de cámaras en las salas
para «poder comprobar en cualquier momento lo que se ha dicho en
cada vista» y garantizar la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. García Mena subrayó también que la transferencia a las
Comunidades Autónomas de los medios personales y materiales de la
Administración de Justicia se podría completar durante la próxima
legislatura.
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