El Ejecutivo autonómico, a través de altos cargos de la Conselleria
d'Obres Públiques, se ha dirigido en varias ocasiones al Consell
Insular de Mallorca para consensuar una moratoria en suelo urbano
con el fin de frenar en seco el actual ritmo de la construcción en
las islas. Sin embargo, la postura del Consell Insular de Mallorca,
planteada a través de Rafael de Lacy, presidente de la Comisión
Insular de Urbanismo, ha sido muy clara: no hace falta ninguna
moratoria en suelo urbano.
El Consell ha manifestado al Govern que una medida de esta
envergadura provocaría una gran inseguridad jurídica entre los
promotores. En cambio, la institución insular aboga claramente por
adoptar medidas transitorias para frenar la construcción a través
del plan territorial de Mallorca. El Consell también ha
puntualizado al Govern que la posibilidad de aplicar una moratoria
en suelo urbano no forma parte del acuerdo del Pacte de Progrés y
que por lo tanto los partidos de izquierdas no contarían con el
apoyo de Unió Mallorquina para llevar a cabo su plan. Después de
escuchar la postura del Consell parece poco probable que el Govern
se atreva a impulsar en solitario una moratoria en suelo urbano,
una facultad que el Ejecutivo tiene actualmente gracias a las
Directrices de Ordenación del Territorio. El Govern no necesitaría
ni ir al Parlament para poder aplicar dicha moratoria. El Consell
pretende que todas las medidas transitorias que se puedan adoptar
durante los próximos meses, y que difícilmente afectarían al suelo
urbano, se pongan en marcha una vez que se haya producido el
traspaso de todas las competencias de ordenación del territorio a
las instituciones insulars.
Sin embargo, la nueva ley de ordenación del territorio avanzada
ayer por este periódico despeja muchas dudas sobre los planes
urbanísticos del Govern de Antich. La medida más impactante es la
ampliación del plazo de moratoria, que en la actualidad tiene un
límite de un año ampliable a otro. Con la nueva ley se podría
aplicar una moratoria de hasta cinco años y adoptar unas medidas
transitorias sin precedentes en Balears.
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