Detectar la oferta tursítica ilegal, que representa un 15 por
ciento del total, es una de las prioridades del Govern, que se ha
comprometido con el sector hotelero a realizar campañas de
detección de esta oferta a través del control exhaustivo de los
folletos de los mayoristas. El Govern espera recaudar con la
ecotasa 12.000 millones de pesetas al año, de los que 1.600
millones corresponden a Eivissa y Formentera, 1.000 millones a
Menorca y el resto a Mallorca.
Se trata de un impuesto finalista cuya recaudación se destinará
a la remodelación y rehabilitación de zonas turísticas; a la
recuperación de recursos y espacios rurales y naturales
"adquisición, gestión y revalorización"; y a la revalorización de
recursos patrimoniales de relevancia social, cultural y turística.
Corresponderá a la conselleria de Turisme la selección de los
proyectos que se financiarán con la ecotasa que, con el informe
perceptivo del Consell Assessor del Turisme de Balears, los elevará
a la Comissió Interdepartamental del Turisme para su aprobación o
denegación. El conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, aseguró que el
proyecto de ley que regulará la ecotasa está jurídicamente
«blindado», porque no entra en colisión ni con la Constitución ni
con las normas que se aplican en el ámbito de la UE.
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