El presidente de la Empresa Municipal de Transportes, Pedro
Àlvarez, negó ayer que se hubiera solicitado un plazo de 15 días a
la Direcció General de Consum del Govern para aportar una serie de
documentación que falta y que finalmente pueda impedir que el
expediente informativo abierto por el Ejecutivo autonómico se
convierta en un expediente sancionador.
El edil declaró que «se solicitó tan sólo un plazo de siete
días, que es lo que se nos ha concedido». Àlvarez achacó la falta
información a un error de los funcionarios de Consum «que ellos
mismos han reconocido». La Direcció General de Consum aceptó ayer
conceder estos siete días de más. Àlvarez espera en esta semana
poder firmar el convenio con los estancos de Palma a los que se va
a dotar de una máquina para la recarga de las tarjetas, unos
cincuenta en total. También a lo largo de estos días de prórroga se
confía recibir la respuesta de las entidades financieras
colaboradoras sobre la modificación del contrato anunciada.
Como ya adelantó este diario, la Direcció General de Consum
tiene abierto un expediente al Ajuntament por irregularidades en la
tarjeta ciudadana y que puede concluir, incluso, en su retirada.
Las irregularidades detectadas se refieren a vulneración de
derechos, discriminación e información engañosa.
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