Nekane Domblás13/06/00 0:00
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El famoso convenio del agua, por el que Balears tendría que recibir 21.000 millones de pesetas en materia de infraestructura hidráulica, no se ha podido firmar porque el Ministerio de Economía pone pegas técnicas que impiden su ejecución.En estos momentos, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, trabaja para tratar de encontrar una fórmula jurídica alternativa que garantice su aprobación por parte del Ministerio de Rodrigo Rato. Es el departamento de Intervención del Ejecutivo central quien pone objeciones a este convenio por cuestiones puramente técnicas, según un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente.

Estas mismas fuentes han asegurado que el ministro se comprometió con la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, a financiar en su totalidad las obras del convenio por valor de 21.000 millones de pesetas. Ello significa que el ministro mantiene su compromiso de llevar a cabo las obras de sa Costera, ampliar la desaladora de Palma con dos nuevas líneas y propiciar cuanto antes el desvío del torrente de Manacor, entre otras actuaciones. De hecho, la propuesta del ministro Jaume Matas de financiar cuatro nuevas desaladoras en las Islas, con una inversión que puede alcanzar los 15.000 millones de pesetas, supone un complemento a todas estas obras previstas en el convenio y en ningún caso se plantea como una alternativa a sa Costera.

Lo que sí está claro es que el Ministerio de Medio Ambiente no podrá financiar en ningún caso la propuesta de instalación de desaladoras móviles para cubrir las necesidades de este verano. Un portavoz del Ministerio aseguró que el Gobierno sólo puede intervenir en obras que sean de interés general y para garantizar el suministro en alta. En el Ministerio afirman además que el problema del agua en Balears es de carácter estructural, por lo que el Gobierno no puede financiar obras coyunturales, como son las propuestas de la desaladoras portátiles.