De acuerdo a la última cifra del Inem, los discapacitados
demandantes de empleo en Mallorca son 392. Se estima que la mayoría
pertenece a Palma. Según la ley de cuotas de reserva, existente
desde hace 10 años, toda empresa con más de 50 trabajadores debe
reservar un mínimo de 2 plazas para personas discapacitadas, pero
la realidad es que no siempre se cumple. Al secretario general de
Unión de Asociaciones y Centros de Minusválidos (UNAC), Juan
Perera, no le gusta el alarmismo, pero es enfático. «Faltan
muchísimos puestos de trabajo. Este tema es todo un reto porque hay
mucha discriminación. Todavía hay lugares donde el hecho de tener
una discapacidad supone una diferencia, y se supone que en una
sociedad moderna y plural la diversidad enriquece el conjunto y no
puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda».
La Coordinadora del Plan Integra de formación e inserción
laboral, de la UNAC, Antònia Fontanet, explica que «muchos
empresarios no están al corriente de la existencia de esta ley». A
pesar de ello, la entidad tiene ubicados a 47 discapacitados en
diversos trabajos: oficina, almacén, guarderías y restaurantes. Una
cifra bastante corta si se compara con la necesidad real. Fontanet
destaca que «no les interesa cualquier trabajo, tiene que ser de
calidad. Nos interesa la estabilidad en el empleo».
Actualmente muchas instituciones como la Organización Nacional
de Ciegos de España (ONCE), la Fundación ONCE y la Asociación de
Padres y Amigos de Sordos (Aspas), invierten recursos para lograr
insertar laboral y socialmente a personas discapacitadas. Aun así
todo parece poco. La jefa del departamento de Servicio Social de la
ONCE, Alejandra Duque, manifiesta que el problema parte del
empresario.
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