El presidente del PP de Mallorca, Jaume Font, y el conseller de
esta formación en el Consell Antoni Llamas aseguraron ayer que la
moratoria invade las competencias municipales en los aspectos
relacionados con la suspensión de licencias. Para el PP, no es éste
el único problema jurídico que puede presentar la moratoria ya que,
en su opinión, falta un informe preceptivo del Consell Consultiu.
Los abogados del PP están estudiando estas dudas jurídicas y, si
se confirman, han anunciado que los ayuntamientos afectados
acudirán a los tribunales. El lunes se ha convocado una Junta
Insular de Mallorca para estudiar este asunto. Los populares
criticaron la discrecionalidad de la medida, que se manifiesta en
la inclusión de la zona de Son Gual II en Palma. Negaron que el
Ajuntament fuera consultado sobre esta cuestión. También
consideraron poco serio que los responsables del Consell de
Mallorca anuncien ahora una nueva moratoria. Las críticas más duras
del PP fueron hacia la decisión de excluir de la moratoria los
terrenos de la Marina de Magalluf. Según Jaume Font, esta exclusión
pone de manifiesto que los especuladores «están en el PSOE y en UM
porque ellos son los únicos que han podido arreglar lo suyo».
«Munar y Antich tienen dentro de sus partidos a los especuladores,
porque dejan fuera de la moratoria a Calvià y Marratxí».
El dirigente del PP aseguró además que, con estas actuaciones,
el Consell está perjudicando a los ciudadanos. «Están debilitando a
la parte privada de esta sociedad, que es la que ha levantado esta
Comunitat en los últimos 30 años». De hecho, Font pidió que se
amplíe el periodo de exposición pública de la norma territorial
cautelar para que los ciudadanos afectados tengan más tiempo para
presentar alegaciones.
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