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Nuestro país, y nuestras islas no han sido la excepción, ha sufrido enormes pérdidas en los sectores ganadero, agrícola y pesquero desde que ingresó en la Unión Europea, que exige condiciones durísimas a los profesionales de estos gremios si quieren seguir operando. Los colectivos referidos han debido ajustarse a normativas muy estrictas, han hecho enormes sacrificios y, en muchas ocasiones, se han visto obligados a abandonar. Pero no acaban ahí sus desgracias. A lo largo del último año, el precio de los carburantes que emplean en sus actividades económicas se ha disparado en un 180 por ciento, cuando los productos que venden siguen atados a la ley de la oferta y la demanda y mantienen precios similares desde hace años.

Pescadores, agricultores y transportistas han solicitado una urgente reunión con el Ministerio de Hacienda para exigir una rebaja de la fiscalidad del gasóleo que compense las alocadas subidas de precios que imponen las empresas petrolíferas, pero las autoridades ya les han advertido que los impuestos que soportan son de los más bajos de Europa. El Gobierno se escuda, como siempre, en que los precios de los carburantes en España son baratos comparados con los de otros países europeos. Claro que sí, pero nunca se molestan en comparar los salarios, las prestaciones sociales o las jubilaciones europeas con los nuestros, porque en esa estadística España sigue estando lejos del nivel de muchos países del continente.

Está claro que ahí hay un problema. Y grave. Parece que los sectores primarios de la economía no interesan a nadie. El campo y el mar envejecen, se abandonan y nadie toma medidas serias para salvarlos o, al menos, protegerlos. Y tampoco conviene olvidar que las subidas del gasóleo afectan al transporte por carretera que, a la postre, pagamos siempre los consumidores.