El 'caso Pinochet' ha abierto el camino para que otros culpables
de graves delitos contra la humanidad paguen por sus crímenes pese
a que en sus países hasta ahora se hayan librado de la acción de la
Justicia. Unas vergonzosas leyes «de punto final» han permitido que
los militares y policías argentinos y chilenos acusados de torturas
y violaciones sigan en libertad mientras los familiares de los
desaparecidos y torturados continúan exigiendo que sean procesados.
Ahora, y de la mano del juez Garzón, le ha tocado el turno a un ex
capitán de la Armada argentina, Miguel Àngel Cavallo, por las
torturas presuntamente cometidas en la siniestra Escuela Mecánica
de la Armada Argentina.
El error de Cavallo fue salir de su país. En el aeropuerto de
Cancún fue apresado por la policía mexicana, dando cumplimiento a
una orden internacional de detención cursada por un juez español
sustituto del juez Garzón. Cavallo estaba en México con un
pasaporte falso. Ahora se inicia un período de 60 días en el que
España debe formalizar la demanda de extradición a las autoridades
mexicanas. Pero Garzón no es el único juez europeo que quiere
procesar al presunto torturador "acusado por el fiscal argentino
Strassera de 226 violaciones de derechos humanos", también un juez
francés quiere interrogarlo por la desaparición de unas religiosas
francesas durante la dictadura argentina.
No faltará quien diga, como se dijo cuando el 'caso Pinochet',
que el juez Garzón debería investigar asuntos de carácter nacional
y dejar que cada país resuelva los suyos. Pero hay que refutar
estas afirmaciones. Primero, porque entre los torturados había
españoles, y segundo, porque la defensa de los derechos humanos no
tiene fronteras. Los genocidas deben saber que en ningún lugar
podrán sentirse a salvo y que en sus propios países la impunidad de
la que han disfrutado puede tener los días contados.
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