Las modificaciones introducidas por el Govern en el Plan Director
de Carreteras para eliminar las autopistas suponen variar en un 76
por ciento los presupuestos y proyectos contemplados en el convenio
suscrito con la Administración central, según consta en la
alegación presentada por el Ministerio de Fomento, a través de la
Delegación de Gobierno de Balears. El pasado día 8 de septiembre
concluyó el plazo de exposición pública del documento que prevé el
desdoblamiento de cuatro vías de Mallorca. En total, se han
presentado 25 alegaciones.
Delegación de Gobierno ya advertía en esta alegación de que «en
caso de que sea aprobada (la modificación) se deberá replantear en
todos sus términos el convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Fomento y la Comunitat Autònoma, toda vez que sus
fines y objetivos son sustancialmente modificados respecto a los
anteriores».
El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)
tampoco está del todo de acuerdo con los planes del Govern.
Manifiesta su conformidad con el desdoblamiento de la carretera de
Manacor y de la vía Palmanova-Peguera, sin embargo rechaza que esta
solución se aplique en los tramos de carretera entre
s'Arenal-Llucmajor e Inca-sa Pobla. En ambos casos, el grupo
ecologista considera que el tráfico se descongestionaría
rectificando curvas, construyendo un tercer carril e iluminando las
rotondas y carreteras.
El resto de alegaciones proceden en su mayoría de los
ayuntamientos de Balears. Catorce ayuntamientos han presentado
alegaciones, aunque no todas hacen referencia específica a la
supresión de las autopistas. Entre los más críticos se encuentra el
Ajuntament de ses Salines que estima que «la mejor solución» al
elevado tráfico es la construcción de la autopista hasta Felanitx,
pasando por Llucmajor y Campos. En su caso, proponen el
desdoblamiento de la carretera hasta Santanyí y Campos.
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca también ha
presentado alegaciones y pide que las soluciones técnicas que se
adopten para materializar el plan de carreteras no impidan, en
ningún momento, que en el futuro se puedan tomar medidas urgentes
derivadas del aumento del tráfico rodado.
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