El conseller de Presidència, Antoni Garcías, aseguró que los
recursos se presentan a la vista de que ha sido imposible alcanzar
una solución dialogada con el Gobierno central. El conseller
recordó que, en primera instancia, el Ejecutivo balear había pedido
una reunión de la comisión de comunidades autónomas del Senado para
que se analizaran allí las medidas, al considerar que afectan a
todas las comunidades autónomas.
Por otra parte, la Asociación Española de Distribuidores,
Autoservicios y Supermercados (Asedas), que engloba cadenas de
supermercados como Grupo SYP SA, presente en Balears, ha publicado
un estudio elaborado por un equipo de investigación de la
Universidad Carlos III de Madrid en el que demuestran que la
liberalización de los horarios comerciales supone «un
desplazamiento de las ventas y la pérdida y precarización del
empleo», por lo que se oponen a esta medida. Asedas, que representa
a 21 de las empresas más importantes del sector, apunta también que
liberalizar los horarios «supondrá dificultades para conciliar la
vida familiar con la vida laboral debido al aumento de las
divergencias horarias de los miembros de las familias».
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