El 23 de junio el Govern del Pacte de Progrès aprobaba el impuesto
turístico, solventando de raíz toda una serie de incógnitas sobre
su puesta en marcha en esta legislatura. La reacción furibunda del
sector turístico, en concreto del hotelero, contra este impuesto y
el debate social que se ha generado, en opinión del propio Govern,
ha concienciado aún más a la sociedad balear sobre el futuro modelo
económico de las Islas, basado principalmente en la
sostenibilidad.
El proyecto de ley aprobado por el Govern, que será tramitado en
el Parlament a lo largo de los próximos meses, prevé que el
impuesto se aplique seis meses después de su aprobación, aunque
todo apunta a que sea en enero de 2002 cuando comience su
recaudación. Los visitantes que se alojen en establecimientos
turísticos pagarán entre dos euros y 0'25 euros, en función de la
categoría del establecimiento donde se hospeden.
Los argumentos esgrimidos por todas las partes difieren en la
modalidad del cobro, objetivos y finalidad del impuesto, que ha
conllevado polémicas de todo tipo, así como el enfrentamiento
frontal entre el Govern y la Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo, que lo critica abiertamente en todos los foros
turísticos.
El Parlament balear tiene la última palabra, pese a las
presiones que están recibiendo algunos partidos del Pacte de
Progrès para que voten en contra de este proyecto de ley, que se ha
convertido en la bandera del propio Pacte, como así lo ha
reconocido el propio Francesc Antich.
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