Las movilizaciones contra el incremento de los precios de los
combustibles continúan y ayer se produjo un bloqueo en la salida de
los depósitos que la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)
tiene en Son Banya, en Palma, de la que sale buena parte de los
carburantes para los puertos y para las gasolineras de la Isla.
Como consecuencia, se registraron los primeros desabastecimientos
de algunas gasolinas en algunas estaciones de servicio.
Lógicamente, la Ley ampara el derecho a la protesta y a la
reivindicación y así debe ser, pero hay que evitar a toda costa que
las consecuencias de éstas las padezcan los de siempre. Al final,
se acaba perjudicando a ciudadanos que, aun estando de acuerdo con
las reivindicaciones planteadas, sufren en sus propias carnes las
consecuencias de unas acciones escasamente afortunadas.
Es un hecho que hay que romper el monopolio «de facto» de las
petroleras e incentivar la competencia, lo que, sin lugar a dudas,
daría lugar a un abaratamiento de los precios. Pero también es
preciso que se actúe a otros niveles y se presione a la OPEP para
que se produzca un descenso del precio del barril hasta situarlo en
la franja de los 22 a 28 dólares. Ciertamente, la reacción del
Gobierno español, e incluso de la UE, frente a esta crisis del
petróleo ha sido tardía y existen numerosas discrepancias sobre las
soluciones inmediatas. Así por ejemplo, se cuestiona la efectividad
de la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos, solución
rechazada por España, pero a la que se han apuntado algunos países
como Francia.
Ahora bien, frente a estos acontecimientos, la presión de
pescadores, agricultores y transportistas debe apuntar a las
petroleras y al Gobierno, pero en ningún caso deben causar
perjuicios al resto de los ciudadanos.
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