Era previsible que el bloqueo de la salida de camiones en los
depósitos que la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) tiene en
Son Banya tuviera sus consecuencias, aunque no se esperaba que
alcanzase el nivel de gravedad que se pudo percibir ayer en las
proximidades de las estaciones de servicio. Es cierto que existían
problemas de abastecimiento en algunas gasolineras, pero el hecho
de que los ciudadanos acudieran de forma masiva a llenar sus
depósitos no ha hecho más que empeorar una situación ya
inicialmente delicada. Con esta reacción lo único que se ha
conseguido es acelerar el proceso de desabastecimiento de
combustibles.
Ante estas circunstancias, cabe reflexionar muy seriamente sobre
las actuaciones de protesta que pescadores y agricultores llevan a
cabo por el incremento de los precios de los carburantes. No
estamos ante una huelga, estamos ante un bloqueo de unas
instalaciones claves para el normal funcionamiento de la vida
ciudadana. Cuando las acciones reivindicativas, totalmente
ilegales, comienzan a afectar de forma tan negativa a la mayoría de
los ciudadanos, se está superando el nivel de lo admisible y es
necesario que las autoridades adopten las medidas precisas para
evitar situaciones caóticas que suponen graves perjuicios para toda
la sociedad. De persistir la situación, faltará combustible no sólo
para el transporte privado sino para el público: autocares,
camiones, taxis, ambulancias... Es cierto que anoche se llegó a un
acuerdo denominado de «servicios mínimos», pero ¿quién garantiza
que el poco carburante que se permite salir vaya a parar a los
servicios más esenciales?
Significativamente, las muestras de apoyo de los ciudadanos
hacia la protesta de pescadores y agricultores dieron paso al final
del día a expresiones de indignación y malestar por el colapso.
Tienen todo el derecho a defender sus intereses, pero no a poner
a una comunidad en situación limite.
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