Los pescadores de Mallorca decidieron ayer no bloquear el puerto de
Palma, tal y como habían anunciado tras su reunión de la mañana,
debido a las presiones de la Delegación de Gobierno que les amenazó
con abrirles expedientes con sanciones de 20 millones de pesetas si
llevaban a cabo su protesta.
El sector había amenazado con bloquear el puerto poco después de
que la policía antidisturbios les obligara a abandonar la protesta
frente a los depósitos de CLH en Son Banya y, ayer por la mañana,
tras una reunión en la Casa del Mar, decidieron que el bloqueo se
produciría hoy de 11'00 a 13'00 horas. Esta información llegó a la
Delegación de Gobierno e, inmediatamente, convocaron una reunión en
la que, entre otras cosas, les dijeron que la Ley de Puertos, en su
artículo 112, contempla sanciones de 20 millones de pesetas para
este tipo de acción.
Un portavoz de Delegación del Gobierno también comentó a los
representantes del sector que ayer por la mañana se había dado
entrada a algunos expedientes por el bloqueo del puerto que, el
pasado 20 de septiembre, realizaron los pescadores durante cinco
horas. La Delegación de Gobierno comentó que, bajo ningún concepto,
se podía permitir una sensación de psicosis como la producida en
los pasados días por la falta de combustible y que no autorizarían
el bloqueo del puerto. La contundencia de las posibles sanciones,
que afectaría, y mucho, a un sector castigado que lleva quince días
sin faenar y sin cobrar, hizo que los dirigentes se plantearan
desconvocar la protesta, decisión que se reafirmó al conocer las
noticias de Madrid que apuntaban a un principio de acuerdo entre el
Gobierno central y la Federación de Cofradías.
Por su parte, el PSM pidió ayer, al igual que los dirigentes de
Unió de Pagesos y de la PIMEM sector transportes, la «inmediata
dimisión» de la Delegada del Gobierno, Catalina Cirer, «por su
desafortunada actuación».
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