La Asociación Empresarial de Bares y Restaurantes de sa Llonja
presentó ayer al alcalde de Palma un escrito en el que se reclama
«la inmediata declaración de nulidad del expediente de declaración
de sa Llonja como Zona Acústicamente Contaminada, así como de la
medida cautelar de limitación musical aprobada por el pleno».
Se basan en que «la actuación de paisano de la Policía Local en
sa Llonja no se ha ajustado a derecho y que, en cualquier caso,
carecía de la previa autorización preceptiva para actuar sin
uniforme reglamentario». Este permiso debía ser otorgado por la
Delegación del Gobierno, según el artículo 52.3 de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, «que se
ha incumplido, provocando una clara indefensión de los afectados»,
según el letrado de la Asociación.
Los empresarios saben que «sólo consta autorización previa para
que la Policía Local pudiera actuar sin el preceptivo uniforme del
20 de marzo de 1998 al 20 de septiembre de 1998». Los propietarios
alegan que los agentes locales han actuado de paisano en inicio de
la tramitación del expediente de ZAC, así como durante la ejecución
de la medida cautelar. Por todo, también solicitan al Consistorio
«la apertura del oportuno expediente de Responsabilidad Patrimonial
de esta Administración por los evidentes perjuicios económicos que
la actuación municipal ha producido en los bares y restaurantes».
El abogado calculó que se exigirán al Ajuntament «más de cien
millones de pesetas». Desde Cort no se ven, a primera vista,
motivos para la anulación.
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