Representantes de las entidades y organizaciones integradas en la
Plataforma por la Convivencia entregaron ayer en el Parlament
balear un manifiesto en el que rechazan la reforma impulsada por el
PP, porque supone «un atentado intolerable a los derechos
fundamentales de los inmigrantes, primando su situación
administrativa por encima de su condición humana».
La diputada socialista Francina Armengol recogió el documento,
acompañada del senador por Balears Manuel Cámara y de la consellera
de Benestar Social, Fernanda Caro. Manuel Cámara recordó que en ese
momento se debatía en el Congreso de los Diputados cinco enmiendas
presentadas por IU, PNV, EA, BNG y IC al proyecto de reforma de la
Ley sobre los derechos y las libertades de los extranjeros en
España y su integración social, en las que piden su derogación.
Cámara discrepó en relación a que esta ley esté teniendo un
efecto llamada y dijo que dos de cada tres subsaharianos quieren
venir a Europa, porque huyen del hambre, de la guerra y, en
general, de unas peores condiciones de vida. «Sólo se puede
combatir esta situación con la ayuda y cooperación a estos países»,
declaró Cámara. Para el senador, el PP intenta culpabilizar a la
ley de la llegada de inmigrantes a España e intenta introducir
elementos de disminución de los derechos y libertades en este país,
cuando esta ley, tal y como está ahora, «protege desde el punto de
vista social y laboral y ofrece garantía jurídicas a los
inmigrantes en este país».
Por su parte, Mustafá Boul'Harrak, portavoz de la Plataforma,
calificó el esfuerzo de sacar adelante una ley que intenta reducir
los derechos de los inmigrantes de «desafío a la sociedad civil».
En su opinión, este empeño demuestra la actitud del Gobierno hacia
trabajadores que contribuyen en el desarrollo económico de un país.
Según Boul'Harrak, «no es verdad» que la ley esté provocando un
efecto llamada, porque se está llevando a cabo una política de
visados en la que se niega cualquier visado, hasta a aquellos que
tienen derecho por reagrupación familiar, etc. En Balears, la ley
afecta a todos los inmigrantes, que tienen papeles y que no, que
Boul'Harral cuantificó en torno a 25.000.
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