La Conselleria de Benestar Social del Govern anunció ayer que había
interpuesto una denuncia contra la diputada del PP, Rosa Estarás,
ante el Tribunal Supremo por la comisión de posibles
irregularidades en su gestión al frente de la Red de Instalaciones
de Balears. El departamento dirigido por Fernanda caro acusa a
Estarás de tres delitos.
Según confirmó un portavoz del Ejecutivo, «en cumplimiento del
artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hemos hecho
llegar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una denuncia por los
posibles delitos cometidos por la señora Estarás, coincidiendo con
el período en que ejerció como consellera de Presidència del
Govern». Los posibles delitos denunciados por Benestar Social son:
infidelidad en la custodia de documentos, falsedad de documento
oficial y prevaricación cometido por autoridad o funcionario.
La denuncia se enmarca en un dictamen solicitado por la
Conselleria de Benestar Social a servicios jurídicos externos en
relación a la prórroga de la concesión del albergue de La Victoria
a la empresa de Jesús García Oeo, ex concejal del PP en Calviá.
Según un anexo del dictamen, «Rosa Estarás habría ordenado la
destrucción, ocultación o no incorporación en el archivo del acta
número 11 de fecha 6-11-98 colocando en su lugar el acta número 11
con fecha 3-12-98».
En la primera acta se habia acordado no prorrogar el contrato,
pero en la segunda se deja constar que sí se prorroga, lo que ha
dado lugar a la denuncia.
El dictamen solicitado por la consellera Caro se centra
únicamente en las presuntas responsabilidades de la diputada del PP
y hace abstracción de la hipotética responsabilidad del consejo de
dirección, en la que también está el Obispado.
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