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En ocasiones resulta contraproducente el «toquetear» en demasía las leyes, que aunque siempre son perfectibles, pueden sufrir con las sucesivas reformas una clara desvirtuación de sus auténticos objetivos. Y es lo que podría estar sucediendo con esa ley de extranjería, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados. Siempre a remolque de la realidad, la ley objeto de reforma se ha resentido días atrás de esa noticia que informaba del traslado de un grupo de inmigrantes hacia Marruecos, repatriados mediante un procedimiento tan absurdo como el de viajar en el interior de vehículos en la bodega del barco destinada a la carga. No es la primera vez que salen a la luz disparates parecidos. Recordemos que el Gobierno del PP prácticamente se estrenó en 1996 con una disparatada repatriación en la que los inmigrantes fueron embarcados en un avión, sedados como si de animales se tratara, y transportados en un vuelo que duró hasta 14 horas en condiciones higiénicas tan poco satisfactorias, que varios de ellos y un policía de los que los custodiaban, enfermaron. Este tipo de sucesos se erigen, lógicamente, como un obstáculo entre ese futuro pacto de Estado entre los partidos a fin de sacar adelante la ley en las mejores condiciones posibles. Y es que negociar sobre un asunto tan delicado, cuando no están garantizados elementales derechos humanos, resulta difícil. Pero hay más. Nos referimos a esas quiebras legales de la futura ley, denunciadas ahora por el Consejo General de la Abogacía. En la reforma proyectada se constata la disminución de las garantías de derecho de defensa y de asistencia letrada a los extranjeros sin permiso de residencia. Y se hace especial incidencia en la falta del derecho a la asistencia letrada gratuita. Lo que, obviamente, pone de relieve la división entre las personas que tienen más derechos y las que tienen menos. Demostrada la falta de sensibilidad del Gobierno en esta materia, entendemos que son los partidos de la oposición y en su conjunto la sociedad civil los que deben encargarse de hacer «pulir» una ley que de no sacarse adelante en mejores condiciones, va a ser fuente de innumerables contenciosos en los tiempos venideros.