La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC)
del recurso planteado por dieciséis municipios de Balears contra la
disposición adicional sexta de la Ley de medidas tributarias,
administrativas y de la función pública y económica 12/99 ha sido
considerada como un «duro revés» para el Govern por el segundo
teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, José María Rodríguez.
Esta disposición establece que «la ejecución de actividades
programadas en un plan parcial o director sectorial que incluya su
calificación, instalación, apertura y funcionamiento no estarán
sujetas a licencias, autorizaciones e informes que esta ley
contempla», que, en opinión del Ajuntment de Palma, atenta contra
las competencias municipales y, por tanto, la consideran
inconstitucional. Igualmente opinan los ayuntamientos de Llucmajor,
Inca, Santa Eulàlia dés Riu, Andratx, Santany, Campos, Muro,
Bunyola, Sant Joan de Lebritja, Selva, Sencelles, Valldemossa,
Deià, Estellencs y Escorca.
José María Rodríguez asegura que si el Tribunal Constitucional
falla a favor de los ayuntamientos en este recurso «el Plan de
Residuos Sólidos será nulo, ilegal, ya que todo él se fundamenta en
esta ley».
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