El Consell Insular de Mallorca aprobó ayer, con la abstención del
PP, la moratoria urbanística, que frenará la construcción de
aquellas urbanizaciones previstas en zonas POOT y la Serra de
Tramontana que no cuenten con los servicios mínimos para poder ser
edificadas. El portavoz del gobierno del Consell, Miquel Nadal,
defendió que la medida «es un ejercicio de responsabilidad» y
subrayó que «la medida se ha adoptado pensando en los ciudadanos de
la isla».
Josep Gomila, del PSM, destacó que el Consell «tenía la
obligación de hacer esta norma», y no ocultó su decepción «ante la
construcción en la primera línea de Calvià».
El socialista Pere Massutí opinó que la moratoria urbanística
«tenía que haberse aplicado en toda Mallorca, y no sólo en las
zonas afectadas por el Plan de Ordenación de la Oferta Turística».
Marinela Tugores, de Esquerra Unida"Els Verds, dijo que la norma
cautelar se había redactado con precipitación «ante la necesidad de
evitar la especulación». Al igual que el portavoz del PSOE, Tugores
defendió que la norma tendría que haber sido «mucho más
amplia».
Jaume Font, del PP, cuestionó los cambios que había introducido
el Consell a la norma cautelar. Según Font, «algunos cambios son
interesados y otros, interesantes». «Hay muchos dirigentes de los
partidos políticos que apoyan la moratoria que han sacado deprisa y
corriendo las licencias para evitar la norma cautelar», denunció el
portavoz popular.
Font aseveró que la moratoria «sólo va a afectar a seis planes
parciales que ya se han aprobado» y negó que la norma pueda impedir
la construcción de 300.000 nuevas plazas residenciales, tal y como
afirma el Consell. El portavoz del PP criticó la norma por ser
«confusa» y advirtió que la moratoria «no la entenderán en la
mayoría de los ayuntamientos de Mallorca». Font planteó la
necesidad de realizar una nueva exposición pública de la norma
cautelar.
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