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Los consejeros de la sociedad balear de garantía recíproca ISBA acordaron ayer, por mayoría, abstenerse de presentar acciones legales en contra de la gestión del anterior equipo directivo por la participación que tuvieron en las presuntas irregularidades del caso «Squashbol», según confirmó el presidente de esta empresa semipública, Luis Moyá.

El quebranto de 34 millones que sufrió ISBA por esa operación, según reveló una auditoría, fue considerado ayer un simple «importe de menos» por la mayoría de los consejeros. Los dos representantes del Govern balear en la sociedad de garantía recíproca, en cambio, Sebastià Rexach y José Luis Gil, votaron en contra de esa decisión. El Govern mantiene el 18% de participación que posee en el capital social de la entidad.

«Squashbol» es una sociedad que promovía la construcción de un centro deportivo en Manacor con un préstamo garantizado por Isba, que contó con diez avalistas mancomunados, responsables todos ellos de los 150 millones de pesetas, quedando al final el edificio en manos de Mutua Balear. El informe jurídico realizado el pasado verano detectó en esta operación algunas irregularidades, con un quebranto económico cifrado en 34 millones de pesetas.

En la auditoría, que ha afectado a todas las operaciones formalizadas durante los últimos cinco años, se detectó que el ex presidente (Juan Coll) y el secretario (Pau Mir) transformaron en una exoneración a perpetuidad la falta de solvencia de los avalistas, bloqueándose la recuperación del dinero. Esta operación se realizó sin el conocimiento de la comisión ejecutiva y consejo de administración de Isba. Por ello, todas las responsabilidades se centraban en los dos cargos que firmaron la liberación de las cantidades.