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El Govern aclaró ayer en el Parlament que no se sentía responsable del nombramiento de Rafael de Lacy como presidente de la Comisió Insular d'Urbanisme, aunque el conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, volvió a defender la actuación del dirigente de Unió Mallorquina.

El Ejecutivo autonómico sí aceptó responder en el pleno de ayer del Parlament la pregunta formulada por la diputada del PP María Salom sobre la supuesta incompatibilidad de Rafael de Lacy en relación a la aprobación de la urbanización de la Marina de Calvià. Rafael de Lacy fue asesor jurídico de la promotora de la Marina antes de ocupar la presidencia de la Comissió Insular d'Urbanisme.

María Salom reprochó al Govern el nombramiento de Rafael de Lacy y de Pedro Amorós como miembros de la Comissió Insular d'Urbanisme. «Para que Lacy fuese presidente de la comisión era necesario que el Govern lo eligiese miembro de la Comissió Insular d'Urbanisme», acusó Salom, quien recordó que el dirigente de UM «aprovechó su voto de calidad para aprobar el Plan General de Calvià y, por lo tanto, se autorizaba el proyecto de la Marina de Magalluf». Salom preguntó al Govern si haría un informe para determinar la posible incompatibilidad de Rafael de Lacy.

El conseller d'Obres Públiques fue taxativo ante la pregunta de Salom: «El Govern no ve necesario hacer ningún informe sobre Rafael de Lacy». Salom tachó de «grave irresponsabilidad» que el Govern no quiera encargar a sus servicios jurídicos un informe sobre la supuesta incompatibilidad del presidente de la Comissió Insular d'Urbanisme.

En su segunda intervención, Ferrer precisó que «lo que hizo el Govern fue nombrar a Rafael de Lacy miembro de la Comissió Insular d'Urbanisme, pero fue en la propia comisión donde se decidió que fuese el presidente». Sin embargo, el titular de la Conselleria d'Obres Públiques aclaró que no tiene ninguna duda de que Rafael de Lacy no incurrió en ninguna incompatibilidad en la votación de la Marina de Calvià.